Por: Cora M. Grevisse
Mesa de Género, Proyecto Sur Pcia de Buenos Aires
La sentencia sobre el caso emblemático de Marita Verón indigna hasta los huesos. No por ello dejamos de ver el marco en que se produce esta decisión: la pérdida de estado parlamentario a las modificaciones que se realizaron a la Ley de Trata 26.364. Por ello sigue vigente la cuestionada figura del consentimiento , la cual, la victima mayor de 18 años debe probar el delito o sea la situación de esclavitud y de explotación “sin su consentimiento” , así como los medios comisivos con los cuales se cometió el delito.
Estas modificaciones si bien no tocan la raíz de una ley tan cuestionada por algunas organizaciones de DDHH y de mujeres feministas y abolicionistas, era un paso que se haya debatido y obtenido media sanción en el Senado con algunas modificaciones, sin embargo el 30 de noviembre volvió a foja cero ya que el oficialismo en Diputados fue postergó su tratamiento.
Otro dato a tener presente es la fuerte avanzada reglamentarista, posición que sostienen desde Aníbal Fernández , hasta la CTA de Yaski con los dólares que la central recibe del exterior , para hacer lobby de que la prostitución “es un trabajo” donde el Estado controlaría , registrando y censando a las mujeres en estado de prostitución, por lo que los proxenetas se convertirían en exitosos empresarios, o para decirlo en pocas palabras se legalizaria un mercado que cosifica, explota y mercantiliza los cuerpos de mujeres, niñas y niños. Hoy en la Argentina este es un problema estructural , con un Estado cómplice, de este delito aberrante, que puede cometerse con tanta impunidad, facilitado por un entramado de complicidades que atraviesa a varios poderes que se benefician con el segundo negocio más lucrativo a nivel mundial: la trata de personas para la explotación sexual.
Nuestro país es un lugar de captación y recepción, según las provincias. Se calcula que desaparecen más de 700 mujeres / niñas por año, teniendo en cuenta solo los casos registrados. El 80 % de las mujeres que se encuentran en estado de prostitución fueron captadas a través del delito de trata en edades promedio de 14 años.
El pasado 6 y 7 de diciembre, en la Facultad de Humanidades de la UNLP , se realizaron las III Jornadas Nacionales Abolicionistas sobre Prostitución y Trata de Mujeres y Niñas/os. Recordamos una destacada ponencia que señalaba que en los últimos años se agravó en forma alarmante la trata de mujeres niñas y niños en nuestro país, producto de un modelo de continuidad neoliberal y que trae de arrastre las metodologías más violatorias de los derechos humanos en la última dictadura , la desaparición , tortura , medios coercitivos y traslado que posibilita sobre las victimas la de trata de mujeres niñas/niños para la explotación sexual.
Sin lugar a dudas este avance impune de la injusticia refuerza una práctica que esta institucionalizada, la explotación de la prostitución ajena, que solo se puede permitir con un Estado cómplice y con el consumo masivo de los que hasta ahora están fuera de los cuestionamientos, los clientes o sea los prostituyentes.
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miércoles, 12 de diciembre de 2012
miércoles, 5 de diciembre de 2012
La asignación por hijo y la inquebrantable condena
Por Silvana Melo
Miércoles, 05 de Diciembre de 2012 09:51
Fuente: http://www.pelotadetrapo.org.ar
(APe).- Al menos un millón y medio de niños no alcanza la asignación por hijo (AUH), una de las principales medidas inclusivas decididas desde los años de fin de siglo de la Argentina. La génesis apresurada, falta de debate y sin aporte legislativo, impulsada por una necesidad política de supervivencia y de re apropiación de la agenda pública, hizo nacer a la asignación con fallas de origen claras y rotundas. Que no dinamitan su razón de ser ni la desestiman. Pero en su imperfección la colocan en el amplísimo outlet de las políticas sociales escasas, con profundos huecos en la realidad de la gente, con agujeros estructurales por donde se escapan los más débiles, por donde se caen los que ya están afuera.
Es decir: la asignación fue y es importante (por eso era la propuesta emergente y mucho más amplia de las organizaciones cuando se venía, inexorablemente, el desastre económico y social para los sectores populares en el país). Pero no alcanza. Porque la inflación creciente se devora la alimentación que nutre, porque las familias están mucho más fragmentadas y quebradas de lo que el Estado puede vislumbrar desde la torre donde miran los gobernantes, porque las drogas desactivan cualquier intento de amanecer y tuercen tantas veces el destino de esos 340 pesos, porque hay 170.000 chicos sin documentos, porque otros tantos no van a la escuela, porque si es sexto hijo ya no cobra, porque viven tan lejos que nadie llega, porque nacen en las tierritas que les quedaron a los pueblos originarios, porque vinieron de Bolivia, de Paraguay, de Perú, es decir no son de acá, aunque despierten, jueguen, sufran, tengan hambre y se duerman acá.
Un mes después de sufrir una durísima derrota en las legislativas de 2009, con el mismísimo Néstor Kirchner como candidato insignia, Cristina Fernández lanzó por decreto la AUH. Era imprescindible un golpe de efecto paralizador de una oposición triunfante pero que no sabía qué hacer con esa victoria. Y eligieron –ambos- una bandera cara a las organizaciones populares que volvía imposibles los planteos opositores. Pero fue escasa en monto (180 pesos iniciales que hoy son 340, en una admisión silenciosa de los niveles inflacionarios actuales), limitada en su llegada y destinada a suplantar la ausencia, en una porción de la gente que sigue superando el 40%, de las asignaciones familiares que cobran los trabajadores registrados. En ese barrio heterodoxo conviven los hijos de padres desocupados, monotributistas, trabajadores domésticos, precarios e informales.
En total son 3 millones y medio de niños los que reciben la AUH, que se cobran siempre y cuando estén escolarizados y tengan asistencia sanitaria. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) asegura que son 1.750.000 los chicos que no están cubiertos por ningún programa social y viven en la pobreza o la indigencia. Unicef es algo más piadoso: sostiene que son 1.500.000.
Los doce hijos de María Ovando son una fotografía brutal. El Estado los visibilizó únicamente cuando a ella se le murió su nena en brazos. No tenían documentos ni cobraban asignación y comían todos los días harina y grasa. A ella la encerraron un año y medio. Seguramente por ser culpable de vivir en Mado, el monte misionero donde los niños se mueren por desnutrición dos veces y media más que en el resto del país.
Cumplían todos los requisitos como para no cobrar la AUH: no iban a la escuela, no tenían documentos, vivían lejos de todo, tenían un hospital a 25 km, eran extremadamente pobres. Y más de 5.
Si el Estado decidiera que no sólo llegará con garras y balas a los confines de la gente –en Formosa, en Misiones, en Salta, en el conurbano- y decide estirar la mano con un dedal de ternura, posiblemente ese millón y medio de niños y niñas hijos de marías ovando jujeñas, correntinas, santiagueñas, de la Matanza, de José León Suárez, tucumanas, rionegrinas, no crecerían marcados a fuego por la condena de origen. Que no es el pecado de origen pero se le parece.
La asignación, que definitivamente no es universal, tiene que llegar a los niños que comen sólo harina y grasa porque su espíritu fundacional fue acabar con el hambre. Sin embargo no llega. Y allí donde arriba, lo hace desprovista, descarnada. Descontextualizada. Sin estructuras que ofrezcan programas por donde no se cuelen el abandono y la fatalidad (concebida como un destino que no puede torcerse). Entonces si el padre desapareció hace tiempo y consigue un trabajo registrado, la madre se verá desprovista de la asignación y a cargo de los niños. Si la mamá está devastada por el paco y no existe asistencia a la que ella pueda acceder, el dinero tendrá otro destino. No se trata de las simplificaciones perversas del tipo “la AUH irá a parar a las drogas y al bingo” (senador radical Ernesto Sanz) o “las morochitas que se embarazan para cobrar” (Miguel del Sel, ex candidato del Pro), que no hacen más que ofender desde el desprecio a las madres de nuestros chicos, criaturas ellas hasta hace minutos. Condenadas por herencia. Se trata de la voluntad real –o no- de reconstruir un tejido social apolillado por la devastación. Donde las drogas –las baratas, las que cortan las neuronas y la vida como botella rota- son protagonistas esenciales. Objetos de exterminio.
Y si el niño, a partir de la asignación, puede comer pero no existen políticas públicas destinadas a cambiar el rumbo de su fatalidad, la condena seguirá en pie. Inquebrantable.
lunes, 26 de noviembre de 2012
Jóvenes judíos presos por negarse a oprimir a Palestina
Increìble estos jóvenes israelitas se niegan a prestar el servicio militar y se llaman a sí mismos "objetores de conciencia" (en Israel hay pena de cárcel por negarse a prestar servicio militar). Se niegan a ocupar Palestina y privarla de sus elementales derechos civiles.
martes, 18 de septiembre de 2012
6 años sin Julio López
18/09/2006 -- 18/09/2012
Seguimos buscando verdad y justicia
Sin LOPEZ, no hay NUNCA MAS
sábado, 4 de agosto de 2012
A 36 años del asesinato de monseñor Enrique Angelelli
"No vengo a ser servido sino a servir" sostenía el recordado del obispo de La Rioja. El 4 de agosto de 1976 era asesinado en La Rioja el obispo, monseñor Enrique Angelelli, un prelado que tenía como lema "no vengo a ser servido sino a servir. Servir a todos, sin distinción alguna, clases sociales, modos de pensar o de creer, como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los pobres". Esas fueron las palabras que pronunció al asumir el obispado de La Rioja en 1968.
miércoles, 27 de junio de 2012
"El kirchnerismo cobijó a los autores intelectuales de la masacre de Avellaneda"
Entrevista de TVPTS a Alberto Santillán, padre de Dario Santillan. A diez años de la masacre de Avellaneda.
Extraido de http://tvpts.tv/
martes, 26 de junio de 2012
Consecuentes con sus vidas
Extraído de: http://www.pagina12.com.ar
Por Adriana Meyer
Por Adriana Meyer
Vanina Kosteki le puso Maxi a uno de sus cinco hijos; uno de los nietos de Alberto Santillán se llama Darío y otro lleva los nombres de los dos piqueteros asesinados el 26 de junio de 2002. La vida de estas dos familias se entrelazó en forma trágica hace diez años, cuando Darío Santillán se quedó al lado de Maximiliano Kosteki, que agonizaba en la estación Avellaneda, y terminó fusilado por la policía. “Me hubiera gustado que Darío dejara un hijo, pero creo que cuando le estaba sosteniendo la mano a Maxi estaba pariendo un montón de hijos que nacieron de esa conciencia”, dice Santillán, y por la emoción en su voz y sus ojos, se interrumpe unos instantes la conversación con Página/12.
“Son muchísimas las actividades por el aniversario y tuvimos que priorizar el repudio al traslado de (Alfredo) Fanchiotti”, dice, y lamenta haberse perdido a Camilo haciendo de escolta de la bandera. Para Alberto Santillán, la mudanza del ex comisario a la Unidad 11 de Baradero, de régimen abierto, es una “provocación, un nuevo mazazo de la Justicia”.
miércoles, 15 de febrero de 2012
NO A LA LEY ANTITERRORISTA
- No a la Ley Antiterrorista -
- Por defender nuestros derechos todos somos “terroristas” -
- Basta de gendarmes infiltrados entre los luchadores -
- Abajo el “Proyecto X” de Gendarmería -
- Basta de criminalizar las luchas de los explotados y oprimidos -
"Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurreción es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes."
Artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1793
- Por defender nuestros derechos todos somos “terroristas” -
- Basta de gendarmes infiltrados entre los luchadores -
- Abajo el “Proyecto X” de Gendarmería -
- Basta de criminalizar las luchas de los explotados y oprimidos -
"Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurreción es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes."
Artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1793
martes, 27 de diciembre de 2011
Todos serán -seremos- terroristas
Por Silvana Melo para Agencia Pelota de Trapo
Miércoles, 21 de Diciembre de 2011 10:02
(APe).- Cristian Ferreyra ni siquiera sospechaba la existencia de la GAFI y mucho menos que esa sigla de sonido casi amable podía tener incidencia en su pequeña vida. Tan pequeña su vida que sólo buscaba doblar su tierra en cuatro cada noche y esconderla bajo siete llaves para que no se la llevaran en la oscuridad del sueño. Cuando las balas de la represión tercerizada dejaron a su tierra sola y desnuda, Cristian Ferreyra murió sin saber que en pocos días hubiera podido ser, técnicamente, un terrorista.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) amenazó con excluir a la Argentina del G20, esa rara mixtura de países industrializados y emergentes que ofrecen inversiones a cambio de seguridad. Ni más ni menos, a cambio de que exista un marco legal que proteja a los inversores de la amenaza extorsiva, chantajista, saboteadora. De los protestadores y de los reclamantes.
Tantas siglas y ecuaciones lejanísimas para la gente de a pie que se asa en los pavimentos para que sus voces trepen algún escritorio y trasciendan el bufido paradisíaco de los aires acondicionados.
La presión extrafronteras sobre la docilidad oficial impuso la caza de terroristas con el Código Penal en la mano como condición determinante para ser un destino seguro de inversiones externas directas.
Si el Senado confirma la media sanción de apenas una semana, las penas serán muy duras para cualquier delito “cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”. La escasez de precisiones y la generosa amplitud del proyecto habrían convertido en terroristas –si las balas bravas de las policías bravas no hubieran agilizado el trabajo- al López qom de La Primavera formoseña, a los cuatro muertos por parcelitas de tierra en Jujuy, a Mariano Ferreyra, a Maxi Kosteki y Darío Santillán, al desobediente Luciano Arruga, a los 38 muertos por los estados nacional y provinciales exactamente diez años atrás, entre otros sediciosos. Si la ley tuviera carácter retroactivo, se estaría a tiempo de procesar a los centenares de miles de clasemedistas que desafiaron el estado de sitio de De la Rúa y a los centenares de miles de hambrientos que han cortado rutas, callejones, escudos y montadas y paciencias oficiales desde Domingo Cavallo en adelante.
Ya en Chile letras legales semejantes son herramientas ad hoc para convertir en terroristas a los mapuches que resisten el saqueo de sus territorios y el quiebre de sus culturas. Wichis, tobas y qoms, que acostrumbran a morirse por desnutrición, pertinaces en hábitos culturales (sic gobernador de Salta y ex del Chaco) que cierran las puertas a la solidaridad del Estado, campesinos santiagueños que se plantan, flaquitos, con raíz en sus tierras veinteañales, mujeres que mueren de un síncope ante las topadoras del desmonte, todos elementos que, al menos, intentan “obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”. Terroristas, que alteran el sueño a la Barrick, a los Blaquier y a los gobernadores subsidiarios de los oros, los azúcares y el monocultivo.
Será tan simple –si la voluntad política es ésa, de control social y disciplinamiento del desborde contestatario- encuadrar en la figura terrorismo el robo de una caja de leche en el contexto de una marcha, que no faltarán jueces funcionales –heredados de la dictadura, del menemismo o adquiridos en los tiempos que corren- que encuentren en la nueva paginita del Código Penal una catarsis contra la terquedad del pobrerío. Los feudalismos provinciales se frotan las manos mientras miran de reojo a campesinos y originarios de piel gastada y costillas visibles. Porque no hay peor amenaza que un concepto jurídico difuso que abra las puertas a la interpretación caprichosa según quién, cómo y con qué fastidie o aterre. Y los que caigan bajo el dedo suspicaz deberán demostrar que lo que hicieron lo hicieron en el marco del ejercicio de un derecho constitucional. Demostrar que son inocentes, en síntesis, con la carga de la prueba patas arriba. Mientras tanto, habrá detención inmediata y el monto de las penas llenará las celdas de desocupados, militantes, wichis, piqueteros y campesinos.
Si es así, si la voluntad política decide la interpretación literal y conveniente de la futura letra legal –ya resistida por intelectuales del palo-, si es realmente más que una lentejuela para gilada financiera internacional, vendrán tristes tiempos. Donde todos podrán-podemos ser terroristas. Oscuros tiempos serán para quienes insistan en la utopía porfiada de la justicia.
Miércoles, 21 de Diciembre de 2011 10:02
(APe).- Cristian Ferreyra ni siquiera sospechaba la existencia de la GAFI y mucho menos que esa sigla de sonido casi amable podía tener incidencia en su pequeña vida. Tan pequeña su vida que sólo buscaba doblar su tierra en cuatro cada noche y esconderla bajo siete llaves para que no se la llevaran en la oscuridad del sueño. Cuando las balas de la represión tercerizada dejaron a su tierra sola y desnuda, Cristian Ferreyra murió sin saber que en pocos días hubiera podido ser, técnicamente, un terrorista.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) amenazó con excluir a la Argentina del G20, esa rara mixtura de países industrializados y emergentes que ofrecen inversiones a cambio de seguridad. Ni más ni menos, a cambio de que exista un marco legal que proteja a los inversores de la amenaza extorsiva, chantajista, saboteadora. De los protestadores y de los reclamantes.
Tantas siglas y ecuaciones lejanísimas para la gente de a pie que se asa en los pavimentos para que sus voces trepen algún escritorio y trasciendan el bufido paradisíaco de los aires acondicionados.
La presión extrafronteras sobre la docilidad oficial impuso la caza de terroristas con el Código Penal en la mano como condición determinante para ser un destino seguro de inversiones externas directas.
Si el Senado confirma la media sanción de apenas una semana, las penas serán muy duras para cualquier delito “cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”. La escasez de precisiones y la generosa amplitud del proyecto habrían convertido en terroristas –si las balas bravas de las policías bravas no hubieran agilizado el trabajo- al López qom de La Primavera formoseña, a los cuatro muertos por parcelitas de tierra en Jujuy, a Mariano Ferreyra, a Maxi Kosteki y Darío Santillán, al desobediente Luciano Arruga, a los 38 muertos por los estados nacional y provinciales exactamente diez años atrás, entre otros sediciosos. Si la ley tuviera carácter retroactivo, se estaría a tiempo de procesar a los centenares de miles de clasemedistas que desafiaron el estado de sitio de De la Rúa y a los centenares de miles de hambrientos que han cortado rutas, callejones, escudos y montadas y paciencias oficiales desde Domingo Cavallo en adelante.
Ya en Chile letras legales semejantes son herramientas ad hoc para convertir en terroristas a los mapuches que resisten el saqueo de sus territorios y el quiebre de sus culturas. Wichis, tobas y qoms, que acostrumbran a morirse por desnutrición, pertinaces en hábitos culturales (sic gobernador de Salta y ex del Chaco) que cierran las puertas a la solidaridad del Estado, campesinos santiagueños que se plantan, flaquitos, con raíz en sus tierras veinteañales, mujeres que mueren de un síncope ante las topadoras del desmonte, todos elementos que, al menos, intentan “obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”. Terroristas, que alteran el sueño a la Barrick, a los Blaquier y a los gobernadores subsidiarios de los oros, los azúcares y el monocultivo.
Será tan simple –si la voluntad política es ésa, de control social y disciplinamiento del desborde contestatario- encuadrar en la figura terrorismo el robo de una caja de leche en el contexto de una marcha, que no faltarán jueces funcionales –heredados de la dictadura, del menemismo o adquiridos en los tiempos que corren- que encuentren en la nueva paginita del Código Penal una catarsis contra la terquedad del pobrerío. Los feudalismos provinciales se frotan las manos mientras miran de reojo a campesinos y originarios de piel gastada y costillas visibles. Porque no hay peor amenaza que un concepto jurídico difuso que abra las puertas a la interpretación caprichosa según quién, cómo y con qué fastidie o aterre. Y los que caigan bajo el dedo suspicaz deberán demostrar que lo que hicieron lo hicieron en el marco del ejercicio de un derecho constitucional. Demostrar que son inocentes, en síntesis, con la carga de la prueba patas arriba. Mientras tanto, habrá detención inmediata y el monto de las penas llenará las celdas de desocupados, militantes, wichis, piqueteros y campesinos.
Si es así, si la voluntad política decide la interpretación literal y conveniente de la futura letra legal –ya resistida por intelectuales del palo-, si es realmente más que una lentejuela para gilada financiera internacional, vendrán tristes tiempos. Donde todos podrán-podemos ser terroristas. Oscuros tiempos serán para quienes insistan en la utopía porfiada de la justicia.
lunes, 26 de diciembre de 2011
Pérez Esquivel fustigó la Ley antiterrorista
Pérez Esquivel expresó su opinión sobntre la ley votada ayer en Diputados.
Según el Premio Nobel de la Paz es “anti- democrática y tiene que ver con las imposiciones de los EE.UU. y el GAFI”. También consideró que “el proyecto de ley adolece de claridad y puede ser usado para impedir los reclamos sociales”.
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel expresó a través de un comunicado que “el gobierno apura la sanción de leyes después de volver a asumir un nuevo mandato”.
“La urgencia con que aprobó la ley anti-terrorista y anti- democrática tiene que ver con las imposiciones de los EE.UU. y el GAFI para asegurar sus inversiones financieras y el control de los movimientos sociales, indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantiles”, sostuvo.
También consideró que “el proyecto de ley adolece de claridad y puede ser usado para impedir los reclamos sociales. Me parece semejante a las leyes de impunidad durante el gobierno de Alfonsín, de ‘punto final y obediencia debida’ que votaron los legisladores sin pestañear”.
Asimismo el Pérez Esquivel aseguró: “Hoy volvemos a los mismos vicios y con un gobierno con mayoría absoluta parlamentaria que van a votar con ‘obediencia ciega’”.
“En el proyecto de ley no se dice una palabra sobre el ‘terrorismo económico’”, expresó y añadió que “no clarifica quien o quienes son terroristas, cuales son los parámetros para determinar los que atentan contra la seguridad del pueblo”.
A su vez estimó que “si se aprueba la ley, pueden ser acusados los indígenas que luchan por su derecho a sus territorios. Los obreros cuando reclamen sus derechos laborales, es decir es una ley que viola los derechos humanos de la persona y los pueblos”.
En este sentido se preguntó: “¿por qué tanto apuro sin consultar a las organizaciones sociales y a juristas para evaluar la conveniencia de esta ley más anti-terrorista? Se han sancionado tres leyes antiterroristas, ¿hasta cuándo?”.
El defensor de los DDHH manifestó en este sentido que “el país vivió actos terroristas de diversos tipos, terrorismo de Estado, las dictaduras militares; los graves ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel, el terrorismo económico del 2001 y 2002, que postraron y saquearon el país con total impunidad”.
“Creemos que, más que aprobar leyes antidemocráticas, es necesario aplicar las leyes vigentes, fortalecer la seguridad de la población y capacitar adecuadamente a las fuerzas de seguridad y su formación, como disponer del equipamiento necesario”, recomendó y concluyó: “En síntesis, generar medidas preventivas y no aplicar medidas represivas”.
Para él “hay una tendencia cada vez mayor, incluso en países como EEUU y Europa de ir restringiendo los derechos civiles y aplicando el control social y punitivo”.
Finalmente alertó que “los mecanismos impuestos son el miedo; en nombre de la seguridad se restringe la seguridad ciudadana. Es necesario estar alerta frente al avasallamiento de la libertad de los pueblos y que no nos arrastren a los totalitarismos”.
Según el Premio Nobel de la Paz es “anti- democrática y tiene que ver con las imposiciones de los EE.UU. y el GAFI”. También consideró que “el proyecto de ley adolece de claridad y puede ser usado para impedir los reclamos sociales”.
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel expresó a través de un comunicado que “el gobierno apura la sanción de leyes después de volver a asumir un nuevo mandato”.
“La urgencia con que aprobó la ley anti-terrorista y anti- democrática tiene que ver con las imposiciones de los EE.UU. y el GAFI para asegurar sus inversiones financieras y el control de los movimientos sociales, indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantiles”, sostuvo.
También consideró que “el proyecto de ley adolece de claridad y puede ser usado para impedir los reclamos sociales. Me parece semejante a las leyes de impunidad durante el gobierno de Alfonsín, de ‘punto final y obediencia debida’ que votaron los legisladores sin pestañear”.
Asimismo el Pérez Esquivel aseguró: “Hoy volvemos a los mismos vicios y con un gobierno con mayoría absoluta parlamentaria que van a votar con ‘obediencia ciega’”.
“En el proyecto de ley no se dice una palabra sobre el ‘terrorismo económico’”, expresó y añadió que “no clarifica quien o quienes son terroristas, cuales son los parámetros para determinar los que atentan contra la seguridad del pueblo”.
A su vez estimó que “si se aprueba la ley, pueden ser acusados los indígenas que luchan por su derecho a sus territorios. Los obreros cuando reclamen sus derechos laborales, es decir es una ley que viola los derechos humanos de la persona y los pueblos”.
En este sentido se preguntó: “¿por qué tanto apuro sin consultar a las organizaciones sociales y a juristas para evaluar la conveniencia de esta ley más anti-terrorista? Se han sancionado tres leyes antiterroristas, ¿hasta cuándo?”.
El defensor de los DDHH manifestó en este sentido que “el país vivió actos terroristas de diversos tipos, terrorismo de Estado, las dictaduras militares; los graves ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel, el terrorismo económico del 2001 y 2002, que postraron y saquearon el país con total impunidad”.
“Creemos que, más que aprobar leyes antidemocráticas, es necesario aplicar las leyes vigentes, fortalecer la seguridad de la población y capacitar adecuadamente a las fuerzas de seguridad y su formación, como disponer del equipamiento necesario”, recomendó y concluyó: “En síntesis, generar medidas preventivas y no aplicar medidas represivas”.
Para él “hay una tendencia cada vez mayor, incluso en países como EEUU y Europa de ir restringiendo los derechos civiles y aplicando el control social y punitivo”.
Finalmente alertó que “los mecanismos impuestos son el miedo; en nombre de la seguridad se restringe la seguridad ciudadana. Es necesario estar alerta frente al avasallamiento de la libertad de los pueblos y que no nos arrastren a los totalitarismos”.
lunes, 26 de septiembre de 2011
Bolivia: brutal represión
¡REPUDIAMOS LA BRUTAL REPRESION DEL GOBIERNO DEL MAS A LA MARCHA DE LOS INDIGENAS DEL TIPNIS!
En horas de la tarde del domingo la marcha indígena del TIPNIS fue brutalmente intervenida por centenares de policías. La represión ha dejado como saldo un bebe muerto, aunque llegan noticias de que los muertos va en aumento, decenas de indígenas desaparecidos en la selva, heridos, detenidos. En estos momentos cientos de mujeres y hombres son subidos a buses de la policía desconociendo el destino de su traslado. La represión continúa en los alrededores de Yucumo. La Ministra de Defensa se vio obligada a renunciar.
La operación policial, realizada luego de casi 40 días de marcha indígena, tiene el objetivo de evitar la llegada de la movilización a la sede de gobierno y su confluencia con importantes sectores urbanos de trabajadores y pueblo pobre que ya venían manifestando su solidaridad con las demandas. Exigen el respeto al derecho de autodeterminación, así como se oponen a la construcción de una carretera al servicio de las trasnacionales petroleras, madereras, auríferas y las interesadas en una integración regional sobre la base de la bioceánica provocando la destrucción del territorio indígena.
El gobierno de Evo Morales, protagonizando estos hechos ha terminado definitivamente con la demagogia sobre los derechos de los pueblos indígenas y revela todo el carácter al servicio de las trasnacionales y del latifundio en el oriente. La brutal represión justificada como respuesta a un supuesto movimiento subversivo contra el gobierno financiado por EEUU y la derecha gonista no tiene ningún fundamento. La carretera del TIPNIS es un proyecto de IIRSA, programa elaborado por los gobiernos neoliberales en el año 2000 y que tiene como principales financiadores a el BID, la CAF y el BM. El gobierno de Evo Morales ya ha declarado el 30% del territorio indígena del TIPNIS como región petrolera, declaración que estará al servicio de las trasnacionales del sector convertidas en socias del estado luego de la “trucha” nacionalización del 2006.
La COB ha convocado a un paro nacional el día miércoles 28 de septiembre en apoyo a la movilización indígena, sin embargo hasta el día de hoy no han publicado la convocatoria oficial ni lugar de concentración para la marcha. Desde la Agrupación Lalacnaqom, trabajadores textiles bolivianos y el PTS Pompeya llamamos a todas las organizaciones de la comunidad boliviana en la Argentina , a las organizaciones sindicales, originarias, estudiantiles y políticas a ponernos en alerta de movilización en repudio a la represión del gobierno de Evo Morales y junto a nuestros hermanos en Bolivia de la LOR-CI (Liga obrera Revolucionaria -Cuarta internacional gritamos bien fuerte:
¡Viva la lucha de los pueblos indígenas del TIPNIS!
¡Por la defensa de su derecho a la autodeterminación nacional!
¡Fuera las trasnacionales petroleras, auríferas y madereras del TIPNIS y Bolivia! ¡No al loteamiento del TIPNIS! ¡Expropiación del latifundio para ser distribuido en colonizadores y campesinos sin tierra!
En horas de la tarde del domingo la marcha indígena del TIPNIS fue brutalmente intervenida por centenares de policías. La represión ha dejado como saldo un bebe muerto, aunque llegan noticias de que los muertos va en aumento, decenas de indígenas desaparecidos en la selva, heridos, detenidos. En estos momentos cientos de mujeres y hombres son subidos a buses de la policía desconociendo el destino de su traslado. La represión continúa en los alrededores de Yucumo. La Ministra de Defensa se vio obligada a renunciar.
La operación policial, realizada luego de casi 40 días de marcha indígena, tiene el objetivo de evitar la llegada de la movilización a la sede de gobierno y su confluencia con importantes sectores urbanos de trabajadores y pueblo pobre que ya venían manifestando su solidaridad con las demandas. Exigen el respeto al derecho de autodeterminación, así como se oponen a la construcción de una carretera al servicio de las trasnacionales petroleras, madereras, auríferas y las interesadas en una integración regional sobre la base de la bioceánica provocando la destrucción del territorio indígena.
El gobierno de Evo Morales, protagonizando estos hechos ha terminado definitivamente con la demagogia sobre los derechos de los pueblos indígenas y revela todo el carácter al servicio de las trasnacionales y del latifundio en el oriente. La brutal represión justificada como respuesta a un supuesto movimiento subversivo contra el gobierno financiado por EEUU y la derecha gonista no tiene ningún fundamento. La carretera del TIPNIS es un proyecto de IIRSA, programa elaborado por los gobiernos neoliberales en el año 2000 y que tiene como principales financiadores a el BID, la CAF y el BM. El gobierno de Evo Morales ya ha declarado el 30% del territorio indígena del TIPNIS como región petrolera, declaración que estará al servicio de las trasnacionales del sector convertidas en socias del estado luego de la “trucha” nacionalización del 2006.
La COB ha convocado a un paro nacional el día miércoles 28 de septiembre en apoyo a la movilización indígena, sin embargo hasta el día de hoy no han publicado la convocatoria oficial ni lugar de concentración para la marcha. Desde la Agrupación Lalacnaqom, trabajadores textiles bolivianos y el PTS Pompeya llamamos a todas las organizaciones de la comunidad boliviana en la Argentina , a las organizaciones sindicales, originarias, estudiantiles y políticas a ponernos en alerta de movilización en repudio a la represión del gobierno de Evo Morales y junto a nuestros hermanos en Bolivia de la LOR-CI (Liga obrera Revolucionaria -Cuarta internacional gritamos bien fuerte:
¡Viva la lucha de los pueblos indígenas del TIPNIS!
¡Por la defensa de su derecho a la autodeterminación nacional!
¡Fuera las trasnacionales petroleras, auríferas y madereras del TIPNIS y Bolivia! ¡No al loteamiento del TIPNIS! ¡Expropiación del latifundio para ser distribuido en colonizadores y campesinos sin tierra!
domingo, 18 de septiembre de 2011
5 años sin Jorge Julio López: El silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad
Por HIJOS La Plata
Presentamos una síntesis de las irregularidades que atravesaron la causa judicial por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez.
El compañero Jorge Julio Lopez
En la década del ’70, Jorge Julio López era albañil y militante de la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre” de la JP que funcionaba en el barrio de Los Hornos. El 27/10/76 fue secuestrado por un grupo de tareas al mando de Miguel Etchecolatz, que también secuestró a varios de sus compañeros de militancia en la zona. López estuvo detenido desaparecido en varios Centros Clandestinos de Detención: el Destacamento y el Pozo de Arana, la Comisaria 5ta, la Comisaría 8va y la Unidad 9. Fue legalizado como preso político en el ’77 y recuperó su libertad en junio del ‘79.
Sus valientes y lucidos testimonios sobre esos crímenes en el Juicio por la Verdad y en el Juicio a Etchecolatz, ayudaron al avance de la investigación sobre el Terrorismo de Estado en La Plata. Sus dos testimonios fueron de vital importancia en la condena a cadena perpetua al represor Etchecolatz, Director General de Investigaciones y jefe de una de las patotas de la Bonaerense del genocida Ramón Camps.
Lopez fue nuevamente secuestrado el 18 de Septiembre de 2006, día en que se exponían los alegatos de la querella en Juicio contra Etchecolatz. El secuestro de Julio López es uno de los ejemplos más claros de las consecuencias de la impunidad y la vigencia del aparato represivo.
Las responsabilidades políticas
La MULTISECTORIAL DE LA PLATA , BERISSO Y ENSENADA ha denunciado reiteradamente que la actitud de encubrimiento que los sectores gobernantes desplegaron en el caso. Sólo para mencionar algunos de los eslabones de ésta larga cadena de impunidad, recordamos:
Cadáver encontrado en Punta Lara
A dos días del secuestro de Julio, apareció en la localidad de Punta Lara, un cadáver calcinado. Una persona que dijo llamarse Victoria Huck y ser miembro de la policía bonaerense, llamó al diario "Hoy" de La Plata e informó que el cadáver encontrado "era el de Julio López".
Pusimos inmediatamente al tanto de ese hecho al Gobernador Felipe Solá y al Ministro León Arslanián, quién nos dio como respuesta que la Comisionado Huck (jefa Distrital La Plata ) dijo "que no había sido", sin que hasta el día de hoy se la haya llamado a declarar.
A pesar de ello, tanto el Ministro Arslanián como el gobernador Solá, reconocieron la íntima relación de la aparición del cadáver con la desaparición de López, aceptando la hipótesis formulada por Justicia Ya! de que se trataba de un mensaje mafioso, propio de la policía bonaerense.
Seis meses después, y fortuitamente, pudimos tomar conocimiento de que dos guardaparques habían declarado ante la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), que el 19 de septiembre, un automóvil había ingresado al lugar donde luego se encontró el cadáver, aportando un identikit de las dos personas que ocupaban el auto y la descripción de dicho vehículo.
A instancias de la querella de Justicia Ya, los dos testigos declararon ante la justicia federal a fines de marzo de 2007. Nunca se cumplió con el pedido de adjuntar la desgrabación de la llamada recibida al "911" en que dejaron indicado el lugar para que el cadáver sea encontrado.
La justicia provincial
Durante los tres meses en que la causa transitó en la justicia provincial, se siguió una línea de investigación, determinada políticamente, tendiente a instalar la idea del extravío o la ausencia voluntaria de Jorge Julio López. La investigación fue llevada adelante por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la SIDE en forma muy poco seria. Se basó en datos extraídos de la guía telefónica y de preguntas genéricas realizadas a vecinos.
La Policía Federal reconoció por escrito que nunca investigó a esos represores, y por otra parte, tomaron 600 declaraciones que no adjuntaron a la causa.
Cada vez que esta parte se presentó al fiscal provincial Martini, su respuesta fue: "la causa la tiene la DDI ", el organismo que dependió de Etchecolatz durante la dictadura y en el que muchos de sus subordinados siguen en funciones.
La SIDE, la bonaerense y la Federal , actuaron SIN CONTROL JUDICIAL y sin compartir entre las distintas fuerzas la información obtenida.
Un hecho importante es que, a pocos días de la desaparición de López, en dos procedimientos diferentes con perros de la policía provincial en la primera oportunidad y de la policía federal en la segunda, los perros marcan un rastro de López en la puerta de una vivienda ubicada a 8 cuadras de su casa. Notablemente, se restringe la investigación al funcionamiento de esa vivienda y no se amplía al de las casas linderas.
Irregularidades del procedimiento en Atalaya
En esta "actuación" participaron cinco policías, en un auto sin identificación y con ropas de civil. Inexplicablemente, aún hoy se desconoce la identidad de estos dos agentes.
Según los testimonios policiales los perros se dirigieron desde la ruta directamente hasta la finca del Sr. Rubén Darío Durso. Violando las más elementales normas de procedimiento, más aún cuando un rastro da positivo, los policías reconocen que aceptaron la invitación a merendar en el interior de la vivienda.
De la actividad no se labró acta, lo que demuestra la clara intención de encubrir el irregular accionar policial.
Posteriormente se constituyó en la casa del Sr. Durso, una mega-comisión supuestamente integrada por los fiscales Martini y Berlingieri, la jefa de la Departamental La Plata, Huck, el jefe de la Distrital La Plata, Medoro, el titular de la Comisaría 3ra, capitán Zaffino, con el apoyo de helicópteros y perros.
Ingresan a la vivienda y los perros reconocen lugares, prendas y un colchón con rastros de López. Luego comienzan a seguir un rastro que los lleva al campo de enfrente. Increíblemente, la policía y los fiscales deciden detener el rastrillaje argumentando "lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante".
Entonces, se abren dos posibilidades: la policía "plantó" una prueba o frustró la producción de la misma.
También señalamos que el funcionario policial designado por el Ministerio de Seguridad (bonaerense) para dirigir la investigación fue en esta etapa el Superintendente Roberto Silva, ingresado a la policía el 1º de marzo de 1977.
La “in” Competencia
Ante la insistencia de Justicia Ya! de que la causa pase a la justicia federal para que el hecho sea investigado como desaparición de persona, se plantea un conflicto de competencia que es resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con más de 20 días de retraso. Hasta el Procurador General de la Nación , Esteban Righi se opuso alegando la inexistencia de elementos para afirmar que López hubiera sido víctima de algún delito.
Actuación de la justicia federal
Una vez radicada la causa en la justicia federal el juez Corazza continúa delegando la investigación en la Policía Federal , la provincial y la SIDE sin dirigirla ni siquiera controlarla.
Sólo ante el pedido de esta parte querellante, el juez se anoticia de la existencia de un expediente paralelo en poder de la Delegación La Plata de la Policía Federal. Corazza solicita que se le remita el expediente, medida que inicialmente es resistida por la Policía Federal.
Idéntic a situación se produjo con investigaciones paralelas realizadas por la policía provincial. Ante nuestros insistentes reclamos se adjuntaron a la causa federal informes acerca de cruces telefónicos, organigramas de las personas investigadas y sobre las visitas que recibieron los represores recluidos en el penal de Marcos Paz. No consta en el expediente que el juez haya realizado un análisis serio de esta información.
Constan en la causa detalladísimos informes de inteligencia llevados a cabo por la SIDE durante el año pasado respecto de familiares, vecinos y amigos de López pero no aporta ningún informe sobre investigaciones al entorno de Etchecolatz. Desde hace cuatro meses la SIDE no entrega ningún otro dato a la causa.
Debemos denunciar que existe una mecánica de "blanqueo" de las investigaciones realizadas en forma paralela por las fuerzas de seguridad e inteligencia. Una de las personas investigadas tiene relación familiar con miembros de la fuerza en actividad con acceso a la causa. Hasta hoy no se ha plasmado ningún avance en la referida pista.
Cabe destacar que la dirección de esa investigación le fue asignada a Oscar Alberto Farinelli, quien ingresó a la policía bonaerense el 12 de marzo de 1973, se retiró el 4 de febrero de 1975 y se reincorporó el 17 de junio de 1976. A partir de esa fecha, hizo toda su carrera en la Dirección General de Inteligencia (DIPBA) con lo que estaba en esa función cuando López fue secuestrado y desaparecido por primera vez.
Es necesario destacar un caso surrealista: el 25 de diciembre de 2006 se realizó un procedimiento en base a las declaraciones de una persona de origen peruano, residente en Argentina, quien se comunicó telefónicamente con una amiga que vive en Perú la que, según el declarante, por la noches se convierte en águila. En uno de sus vuelos nocturnos la mujer-pájaro avistó a Julio López en un campo cercano a La Plata. Esta declaración provocó la movilización de tres comisarías y un procedimiento que incluyó decenas de traslados, móviles, identificación de personas y declaraciones testimoniales.
Requisa en el penal de Marcos Paz
Desde el primer momento, Justicia Ya! sostuvo que había que investigar a los represores recluidos en el penal federal de Marcos Paz. El procedimiento se realizó seis meses después y en las peores condiciones. El juez Corazza resolvió no realizar un allanamiento, medida judicial que se lleva a cabo sin previo aviso al Servicio Penitenciario Federal, en la que puede participar el juez y la querella. El 23 de marzo se realizó una requisa a cargo del Servicio Penitenciario Federal, sin la presencia del juez ni de ningún otro funcionario judicial.
Según trascendió por medios periodísticos, los reclusos sabían con 48 hs. de anticipación que se realizaría dicha requisa. Desde el 14 de marzo constaba en la causa una denuncia sobre el trato preferencial que en el penal de Marcos Paz reciben los represores. Ni el juez Corazza ni el Ministro Iribarne tomaron ninguna medida al respecto.
El “avance”
El único pretendido “avance” que se dio este año en la causa López fue la declaración en marzo del médico policial Carlos Osvaldo Falcone, que fue citado porque en su casa de Mar del Plata se halló en el 2009 un automóvil en el que se sospecha habría sido secuestrado López. En su declaración dijo que se lo habían prestado, que “no sabía que era robado” y negó haber dicho que en ese auto fue secuestrado López. Falcone figura en la agenda que se le secuestró a Etchecolatz tras la desaparición de López y visitó a este genocida en la cárcel de Marcos Paz en al menos dos oportunidades.
Las pruebas ya obrantes en la causa eran contundentes como para comenzar esta indagatoria un año atrás, sin embargo la causa circuló por los pasillos judiciales mientras jueces y fiscales se la sacaban de encima.
El circo de Parque Pereyra
Tras una larga quietud en la causa, recién en febrero de este año se hizo un rastrillaje en la zona de la estación Pereyra del FFCC Roca. Esta búsqueda comenzó a partir de la denuncia de un supuesto testigo de identidad reservada, que habría tenido datos sobre la posibilidad de que el cuerpo de Lopez estuviera enterrado en las inmediaciones de la estación de trenes.
En realidad el “testigo” era un apadrinado o bien un alter ego del abogado Sanchez Kalbermaten, conocido en el ámbito judicial por ser un denunciador compulsivo profesional.
En las tareas, un sofisticado geo-radar localizó 8 puntos donde podría haber habido remoción de tierra, pero dadas las imprecisiones que tuvo el “testigo” al señalar el lugar, la tarea era inmensurable y rápidamente perdió credibilidad. Lo que llamó la atención en el hecho, fue el despliegue periodístico realizado ante la nueva pista: muchos medios conocían el dato antes de que el Superministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, llegara con la denuncia a la justicia. El oportunismo mediático del abogado Kalbermaten y del superministro Casal fue claro: la pista era una más de las cientas de la causa y jamás justificaba l movilización de recursos por ser tan vaga. De hecho, luego de 3 días de actividad en la zona, no sólo no se encontró a Lopez, sino que ni siquiera se confirmaron indicios que correspondieran con la declaración del “testigo”, que además nunca fue citado a declarar, tampoco su alter ego Kalbermaten, para explicar el origen de su “información”. Una vez más quedó demostrada la falta de profundidad con que la investigación se realiza.
Por todo esto, rechazamos la actitud pasiva y silenciosa de los gobiernos Nacional y Provincial que, viendo el tiempo trascurrido, es ya una posición de complicidad y encubrimiento de los sectores del aparato represivo de la dictadura que siguen impunes y en funcionamiento.
La historia nos ha enseñado que las desapariciones forzadas implican el secuestro, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo, y son perpetradas por fuerzas de seguridad o parapoliciales con un objetivo político claro: el disciplinamiento de los sectores organizados y que luchan. Eso es lo que pasó con Julio López, su secuestro y desaparición fue en dictadura y sigue siendo en esta “democracia” un hecho político de amedrentamiento de los que se atreven a desafiar este modelo de exclusión.
La continuidad del plan genocida se despliega hoy con políticas de autocracia y corrupción policial, gatillo fácil en aplicación permanente como amedrentamiento social a los desposeídos y judicialización de los que no son útiles a los fines de este modelo de “crecimiento con base en la exclusión”. Esta es la verdadera doble política de Derechos Humanos que el kirchnerismo ha utilizado para darse aires progresistas en su gestión y lograr una aprobación popular semi-duradera en un país que continúa presentando las tensiones propias de un esquema social de desigualdad, pero donde se ha consolidado un sector oficial acrítico en el movimiento de Derechos Humanos, que cumple el rol de convalidar lo poco que se hace en detrimento de lo mucho que queda por exigir en la materia.
8 años de juicios a cuentagotas
El pasado mes de Agosto se cumplieron 8 años que la lucha popular hiciera caer las leyes de impunidad, en este tiempo el Estado Argentino efectivizó 50 juicios orales con sentencias en todo el país. En ellos fueron procesados 240 imputados (algunos en varias causas), donde hubo 221 condenas, 18 absoluciones y un muerto impune, El total de procesados desde el 2003 es de 1757 lo que nos da que sólo alrededor del 13% de estos fue condenado y en la mayoría de los casos las condenas fueron menores al máximo de pena. Se debatieron en los distintos juicios los casos de 1136 víctimas. Del resto de los procesados 814 (46%) se encuentran en libertad. Hay 39 represores prófugos y 280 que murieron impunes. De las absoluciones hubo algunas escandalosas como la de Duret (causa desaparición de Carlos Labolita) Miguel Angel Trimarchi (masacre de Fátima), en Córdoba de 31 procesados por los hechos en la Unidad Penal 1 de esa provincia 7 fueron absueltos.
De estos 50 juicios realizados más de la cuarta parte tuvieron a un solo imputado, más de la mitad entre 1 y 5. Este patrón responde a la lógica del juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial. Del resto de las fuerzas o de los civiles responsables el número de condenas es ínfimo.
Datos oficiales lo confirman: cuatro de cada diez represores procesados están excarcelados, es decir el 42 % de los encausados. Pero además el 40 % de los detenidos tienen prisión domiciliaria. Esta es una de las preocupaciones que rondaron al largo camino de instrucción de las causas hoy acumuladas para ser llevadas próximamente a audiencia oral en La Plata : la situación de impunidad de que gozan la mayoría de los represores imputados en los procesos pendientes, sobre todo por la vía de beneficios como la prisión domiciliaria o la lisa y llana excarcelación. Según estos números de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas contra los genocidas, el 42 % de los procesados está excarcelado y el 58 % con prisión preventiva. Pero la prisión preventiva tampoco es completa: el 40 % de los detenidos tiene detención domiciliaria. En resumen, el 82% de los procesados está en su casa libre o con domiciliaria.
Desde los organismos de DDHH de La Plata hemos denominado a la próxima causa a juzgarse en La Plata como “CIRCUITO CAMPS”, ya que si bien en la década de los 80 hubo una primera causa Camps o 44 la decena de represores allí juzgados recibieron condenas mínimas y luego fueron beneficiados por las leyes de impunidad. Esta nueva causa Camps es la más extensa llevada a juicio hasta el momento en la Plata , allí se juzgará a 26 represores por crímenes cometidos contra 280 compañeros en cinco Centros Clandestino de Detención: Comisaría 5ª (Dg. 74 entre 23 y 24), Brigada de Investigaciones La Plata (calle 55 entre 13 y 14) Delegación de Cuatrerismo de Arana (137 y 640), Puesto Vasco (Don Bosco, Quilmes) y COTI 1 Martinez (avenida del Libertador al 14200, San Isidro). Por la 5ta y Arana pasó Lopez como detenido ilegal. Su testimonio estará presente en el juicio sólo como una proyección audiovisual.
La concreción de este juicio es un triunfo de la lucha que desde su creación viene sosteniendo el espacio Justicia Ya, en el que se rompe con la mecánica de llevar a los estrados judiciales a un solo represor (Etchecolatz, V.Wernich) o a un solo lugar (U9). Pero seguimos sosteniendo que es un juicio parcial, ya que no se contemplan infinidad de casos de compañeros que pasaron por estos CCD y quedan afuera de la imputaciones varios de los represores identificados y muchos de los que se podrían haber identificado si se hubieran entregado y abierto los listados de policías que estuvieron en estos centros siendo que todos ellos tuvieron como fachada comisarías y establecimientos “legales”. Ante la magnitud en cantidad y movimiento de secuestrados que por esos lugares pasaron, era imposible que alguien que haya estado allí pudiera como mínimo desconocer lo que sucedía.
Durante la dictadura funcionaron en La Plata unos 12 Centros Clandestinos de Detención, coordinados por miles de efectivos de la Policía bonaerense y de las Fuerzas Armadas. De esos miles de genocidas, sólo 19 fueron condenados por los procesos que nos propone el Estado argentino. Pero la investigación y sanción de los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura militar es una responsabilidad indelegable de ese Estado, incluidos sus tres poderes constitutivos.
Por todo esto denunciamos que no existe en ningún sector del poder político kirchnerista u opositor por derecha ninguna voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, en un concepto, de reconocer que lo que aquí sucedió fue un Genocidio.
A 5 AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ seguimos exigiendo
*Juicio y Castigo a los genocidas de la bonaerense de ayer – Juicio por Centro Clandestino de Detención - Condena a todos los genocidas por todos los compañeros.
*Restitución de nuestros más de 400 hermanos apropiados por los genocidas. Extensión del Banco Nacional de Datos Genéticos.
*Basta de amenazas a los testigos en los juicios a los genocidas.
HIJOS LA PLATA
Presentamos una síntesis de las irregularidades que atravesaron la causa judicial por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez.
El compañero Jorge Julio Lopez
En la década del ’70, Jorge Julio López era albañil y militante de la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre” de la JP que funcionaba en el barrio de Los Hornos. El 27/10/76 fue secuestrado por un grupo de tareas al mando de Miguel Etchecolatz, que también secuestró a varios de sus compañeros de militancia en la zona. López estuvo detenido desaparecido en varios Centros Clandestinos de Detención: el Destacamento y el Pozo de Arana, la Comisaria 5ta, la Comisaría 8va y la Unidad 9. Fue legalizado como preso político en el ’77 y recuperó su libertad en junio del ‘79.
Sus valientes y lucidos testimonios sobre esos crímenes en el Juicio por la Verdad y en el Juicio a Etchecolatz, ayudaron al avance de la investigación sobre el Terrorismo de Estado en La Plata. Sus dos testimonios fueron de vital importancia en la condena a cadena perpetua al represor Etchecolatz, Director General de Investigaciones y jefe de una de las patotas de la Bonaerense del genocida Ramón Camps.
Lopez fue nuevamente secuestrado el 18 de Septiembre de 2006, día en que se exponían los alegatos de la querella en Juicio contra Etchecolatz. El secuestro de Julio López es uno de los ejemplos más claros de las consecuencias de la impunidad y la vigencia del aparato represivo.
Las responsabilidades políticas
La MULTISECTORIAL DE LA PLATA , BERISSO Y ENSENADA ha denunciado reiteradamente que la actitud de encubrimiento que los sectores gobernantes desplegaron en el caso. Sólo para mencionar algunos de los eslabones de ésta larga cadena de impunidad, recordamos:
- El entonces Ministro del Interior Anibal Fernandez dijo que el compañero se encontraba “asustado, escondido seguramente en la casa de alguna tía”.
- El Gobernador de la Provincia , el hoy “opositor” Felipe Sola encomendó a la bonaerense para la investigación creando una comisión cuyos responsables fueron partícipes de la dictadura como el Superintendente Roberto Silva, ingresado en la Bonaerense en marzo del 77, Alberto Farinelli integrante de la Dirección de Inteligencia de la policía en plena dictadura, y el capitán Zaffino titular de la Comisaría de Los Hornos cuando fusilaron a Darián Barzabal dentro de un patrullero de la repartición.
- A la Presidenta Cristina Fernández que cada 24 de marzo habla de “avances” en materia de juicio y castigo contra los genocidas de la última dictadura, pero ya ni siquiera menciona el nombre de Jorge Julio Lopez, en claro signo de complicidad y encubrimiento del caso.
- A la Justicia Provincial que durante un año y medio se negó a reconocer la desaparición limitándose a “buscar” al compañero, como si se tratara de un anciano enfermo que se hubiese perdido.
- A la Justicia Federal que siguió las pistas más alocadas, guiadas por videntes, que realizó allanamientos tardíos y mal hechos, que no investigó a ninguno de los denunciados por Julio en su declaración en el juicio a Echecolatz, (Garachico Urcola, Gomez, Gijena, Peralta, Ponce, Aguiar, algunos de ellos murieron en sus casas rodeados de impunidad).
- Al juez federal Arnaldo Corazza que perdió un tiempo irrecuperable con la causa en sus manos, y cuando por primera vez se apuntaba al círculo de instigadores, ideólogos y ejecutores, se excusó de seguir actuando.
- Al juez Humberto Blanco nuevo responsable de la causa, que apartó a la Secretaría especial dejando otra vez la causa paralizada y errante entre los intrincados intereses judiciales, el silencio y la pasividad palpables del Poder Ejecutivo y la indiferencia ostensible del Legislativo.
- Al Gobernador Daniel Scioli y su superministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, que se dedican a abonar el poder de mando de una Policía bonaerense que se autogobierna, y está implicada en todos los grandes delitos que dice combatir: narcotráfico, trata de personas, secuestros extorsivos, piratería del asfalto, etc; y que es el brazo armado del Estado que criminaliza al pobre y al que se opone al modelo de hambre y exclusión.
Cadáver encontrado en Punta Lara
A dos días del secuestro de Julio, apareció en la localidad de Punta Lara, un cadáver calcinado. Una persona que dijo llamarse Victoria Huck y ser miembro de la policía bonaerense, llamó al diario "Hoy" de La Plata e informó que el cadáver encontrado "era el de Julio López".
Pusimos inmediatamente al tanto de ese hecho al Gobernador Felipe Solá y al Ministro León Arslanián, quién nos dio como respuesta que la Comisionado Huck (jefa Distrital La Plata ) dijo "que no había sido", sin que hasta el día de hoy se la haya llamado a declarar.
A pesar de ello, tanto el Ministro Arslanián como el gobernador Solá, reconocieron la íntima relación de la aparición del cadáver con la desaparición de López, aceptando la hipótesis formulada por Justicia Ya! de que se trataba de un mensaje mafioso, propio de la policía bonaerense.
Seis meses después, y fortuitamente, pudimos tomar conocimiento de que dos guardaparques habían declarado ante la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), que el 19 de septiembre, un automóvil había ingresado al lugar donde luego se encontró el cadáver, aportando un identikit de las dos personas que ocupaban el auto y la descripción de dicho vehículo.
A instancias de la querella de Justicia Ya, los dos testigos declararon ante la justicia federal a fines de marzo de 2007. Nunca se cumplió con el pedido de adjuntar la desgrabación de la llamada recibida al "911" en que dejaron indicado el lugar para que el cadáver sea encontrado.
La justicia provincial
Durante los tres meses en que la causa transitó en la justicia provincial, se siguió una línea de investigación, determinada políticamente, tendiente a instalar la idea del extravío o la ausencia voluntaria de Jorge Julio López. La investigación fue llevada adelante por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la SIDE en forma muy poco seria. Se basó en datos extraídos de la guía telefónica y de preguntas genéricas realizadas a vecinos.
La Policía Federal reconoció por escrito que nunca investigó a esos represores, y por otra parte, tomaron 600 declaraciones que no adjuntaron a la causa.
Cada vez que esta parte se presentó al fiscal provincial Martini, su respuesta fue: "la causa la tiene la DDI ", el organismo que dependió de Etchecolatz durante la dictadura y en el que muchos de sus subordinados siguen en funciones.
La SIDE, la bonaerense y la Federal , actuaron SIN CONTROL JUDICIAL y sin compartir entre las distintas fuerzas la información obtenida.
Un hecho importante es que, a pocos días de la desaparición de López, en dos procedimientos diferentes con perros de la policía provincial en la primera oportunidad y de la policía federal en la segunda, los perros marcan un rastro de López en la puerta de una vivienda ubicada a 8 cuadras de su casa. Notablemente, se restringe la investigación al funcionamiento de esa vivienda y no se amplía al de las casas linderas.
Irregularidades del procedimiento en Atalaya
En esta "actuación" participaron cinco policías, en un auto sin identificación y con ropas de civil. Inexplicablemente, aún hoy se desconoce la identidad de estos dos agentes.
Según los testimonios policiales los perros se dirigieron desde la ruta directamente hasta la finca del Sr. Rubén Darío Durso. Violando las más elementales normas de procedimiento, más aún cuando un rastro da positivo, los policías reconocen que aceptaron la invitación a merendar en el interior de la vivienda.
De la actividad no se labró acta, lo que demuestra la clara intención de encubrir el irregular accionar policial.
Posteriormente se constituyó en la casa del Sr. Durso, una mega-comisión supuestamente integrada por los fiscales Martini y Berlingieri, la jefa de la Departamental La Plata, Huck, el jefe de la Distrital La Plata, Medoro, el titular de la Comisaría 3ra, capitán Zaffino, con el apoyo de helicópteros y perros.
Ingresan a la vivienda y los perros reconocen lugares, prendas y un colchón con rastros de López. Luego comienzan a seguir un rastro que los lleva al campo de enfrente. Increíblemente, la policía y los fiscales deciden detener el rastrillaje argumentando "lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante".
Entonces, se abren dos posibilidades: la policía "plantó" una prueba o frustró la producción de la misma.
También señalamos que el funcionario policial designado por el Ministerio de Seguridad (bonaerense) para dirigir la investigación fue en esta etapa el Superintendente Roberto Silva, ingresado a la policía el 1º de marzo de 1977.
La “in” Competencia
Ante la insistencia de Justicia Ya! de que la causa pase a la justicia federal para que el hecho sea investigado como desaparición de persona, se plantea un conflicto de competencia que es resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con más de 20 días de retraso. Hasta el Procurador General de la Nación , Esteban Righi se opuso alegando la inexistencia de elementos para afirmar que López hubiera sido víctima de algún delito.
Actuación de la justicia federal
Una vez radicada la causa en la justicia federal el juez Corazza continúa delegando la investigación en la Policía Federal , la provincial y la SIDE sin dirigirla ni siquiera controlarla.
Sólo ante el pedido de esta parte querellante, el juez se anoticia de la existencia de un expediente paralelo en poder de la Delegación La Plata de la Policía Federal. Corazza solicita que se le remita el expediente, medida que inicialmente es resistida por la Policía Federal.
Idéntic a situación se produjo con investigaciones paralelas realizadas por la policía provincial. Ante nuestros insistentes reclamos se adjuntaron a la causa federal informes acerca de cruces telefónicos, organigramas de las personas investigadas y sobre las visitas que recibieron los represores recluidos en el penal de Marcos Paz. No consta en el expediente que el juez haya realizado un análisis serio de esta información.
Constan en la causa detalladísimos informes de inteligencia llevados a cabo por la SIDE durante el año pasado respecto de familiares, vecinos y amigos de López pero no aporta ningún informe sobre investigaciones al entorno de Etchecolatz. Desde hace cuatro meses la SIDE no entrega ningún otro dato a la causa.
Debemos denunciar que existe una mecánica de "blanqueo" de las investigaciones realizadas en forma paralela por las fuerzas de seguridad e inteligencia. Una de las personas investigadas tiene relación familiar con miembros de la fuerza en actividad con acceso a la causa. Hasta hoy no se ha plasmado ningún avance en la referida pista.
Cabe destacar que la dirección de esa investigación le fue asignada a Oscar Alberto Farinelli, quien ingresó a la policía bonaerense el 12 de marzo de 1973, se retiró el 4 de febrero de 1975 y se reincorporó el 17 de junio de 1976. A partir de esa fecha, hizo toda su carrera en la Dirección General de Inteligencia (DIPBA) con lo que estaba en esa función cuando López fue secuestrado y desaparecido por primera vez.
Es necesario destacar un caso surrealista: el 25 de diciembre de 2006 se realizó un procedimiento en base a las declaraciones de una persona de origen peruano, residente en Argentina, quien se comunicó telefónicamente con una amiga que vive en Perú la que, según el declarante, por la noches se convierte en águila. En uno de sus vuelos nocturnos la mujer-pájaro avistó a Julio López en un campo cercano a La Plata. Esta declaración provocó la movilización de tres comisarías y un procedimiento que incluyó decenas de traslados, móviles, identificación de personas y declaraciones testimoniales.
Requisa en el penal de Marcos Paz
Desde el primer momento, Justicia Ya! sostuvo que había que investigar a los represores recluidos en el penal federal de Marcos Paz. El procedimiento se realizó seis meses después y en las peores condiciones. El juez Corazza resolvió no realizar un allanamiento, medida judicial que se lleva a cabo sin previo aviso al Servicio Penitenciario Federal, en la que puede participar el juez y la querella. El 23 de marzo se realizó una requisa a cargo del Servicio Penitenciario Federal, sin la presencia del juez ni de ningún otro funcionario judicial.
Según trascendió por medios periodísticos, los reclusos sabían con 48 hs. de anticipación que se realizaría dicha requisa. Desde el 14 de marzo constaba en la causa una denuncia sobre el trato preferencial que en el penal de Marcos Paz reciben los represores. Ni el juez Corazza ni el Ministro Iribarne tomaron ninguna medida al respecto.
El “avance”
El único pretendido “avance” que se dio este año en la causa López fue la declaración en marzo del médico policial Carlos Osvaldo Falcone, que fue citado porque en su casa de Mar del Plata se halló en el 2009 un automóvil en el que se sospecha habría sido secuestrado López. En su declaración dijo que se lo habían prestado, que “no sabía que era robado” y negó haber dicho que en ese auto fue secuestrado López. Falcone figura en la agenda que se le secuestró a Etchecolatz tras la desaparición de López y visitó a este genocida en la cárcel de Marcos Paz en al menos dos oportunidades.
Las pruebas ya obrantes en la causa eran contundentes como para comenzar esta indagatoria un año atrás, sin embargo la causa circuló por los pasillos judiciales mientras jueces y fiscales se la sacaban de encima.
El circo de Parque Pereyra
Tras una larga quietud en la causa, recién en febrero de este año se hizo un rastrillaje en la zona de la estación Pereyra del FFCC Roca. Esta búsqueda comenzó a partir de la denuncia de un supuesto testigo de identidad reservada, que habría tenido datos sobre la posibilidad de que el cuerpo de Lopez estuviera enterrado en las inmediaciones de la estación de trenes.
En realidad el “testigo” era un apadrinado o bien un alter ego del abogado Sanchez Kalbermaten, conocido en el ámbito judicial por ser un denunciador compulsivo profesional.
En las tareas, un sofisticado geo-radar localizó 8 puntos donde podría haber habido remoción de tierra, pero dadas las imprecisiones que tuvo el “testigo” al señalar el lugar, la tarea era inmensurable y rápidamente perdió credibilidad. Lo que llamó la atención en el hecho, fue el despliegue periodístico realizado ante la nueva pista: muchos medios conocían el dato antes de que el Superministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, llegara con la denuncia a la justicia. El oportunismo mediático del abogado Kalbermaten y del superministro Casal fue claro: la pista era una más de las cientas de la causa y jamás justificaba l movilización de recursos por ser tan vaga. De hecho, luego de 3 días de actividad en la zona, no sólo no se encontró a Lopez, sino que ni siquiera se confirmaron indicios que correspondieran con la declaración del “testigo”, que además nunca fue citado a declarar, tampoco su alter ego Kalbermaten, para explicar el origen de su “información”. Una vez más quedó demostrada la falta de profundidad con que la investigación se realiza.
Por todo esto, rechazamos la actitud pasiva y silenciosa de los gobiernos Nacional y Provincial que, viendo el tiempo trascurrido, es ya una posición de complicidad y encubrimiento de los sectores del aparato represivo de la dictadura que siguen impunes y en funcionamiento.
La historia nos ha enseñado que las desapariciones forzadas implican el secuestro, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo, y son perpetradas por fuerzas de seguridad o parapoliciales con un objetivo político claro: el disciplinamiento de los sectores organizados y que luchan. Eso es lo que pasó con Julio López, su secuestro y desaparición fue en dictadura y sigue siendo en esta “democracia” un hecho político de amedrentamiento de los que se atreven a desafiar este modelo de exclusión.
La continuidad del plan genocida se despliega hoy con políticas de autocracia y corrupción policial, gatillo fácil en aplicación permanente como amedrentamiento social a los desposeídos y judicialización de los que no son útiles a los fines de este modelo de “crecimiento con base en la exclusión”. Esta es la verdadera doble política de Derechos Humanos que el kirchnerismo ha utilizado para darse aires progresistas en su gestión y lograr una aprobación popular semi-duradera en un país que continúa presentando las tensiones propias de un esquema social de desigualdad, pero donde se ha consolidado un sector oficial acrítico en el movimiento de Derechos Humanos, que cumple el rol de convalidar lo poco que se hace en detrimento de lo mucho que queda por exigir en la materia.
8 años de juicios a cuentagotas
El pasado mes de Agosto se cumplieron 8 años que la lucha popular hiciera caer las leyes de impunidad, en este tiempo el Estado Argentino efectivizó 50 juicios orales con sentencias en todo el país. En ellos fueron procesados 240 imputados (algunos en varias causas), donde hubo 221 condenas, 18 absoluciones y un muerto impune, El total de procesados desde el 2003 es de 1757 lo que nos da que sólo alrededor del 13% de estos fue condenado y en la mayoría de los casos las condenas fueron menores al máximo de pena. Se debatieron en los distintos juicios los casos de 1136 víctimas. Del resto de los procesados 814 (46%) se encuentran en libertad. Hay 39 represores prófugos y 280 que murieron impunes. De las absoluciones hubo algunas escandalosas como la de Duret (causa desaparición de Carlos Labolita) Miguel Angel Trimarchi (masacre de Fátima), en Córdoba de 31 procesados por los hechos en la Unidad Penal 1 de esa provincia 7 fueron absueltos.
De estos 50 juicios realizados más de la cuarta parte tuvieron a un solo imputado, más de la mitad entre 1 y 5. Este patrón responde a la lógica del juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial. Del resto de las fuerzas o de los civiles responsables el número de condenas es ínfimo.
Datos oficiales lo confirman: cuatro de cada diez represores procesados están excarcelados, es decir el 42 % de los encausados. Pero además el 40 % de los detenidos tienen prisión domiciliaria. Esta es una de las preocupaciones que rondaron al largo camino de instrucción de las causas hoy acumuladas para ser llevadas próximamente a audiencia oral en La Plata : la situación de impunidad de que gozan la mayoría de los represores imputados en los procesos pendientes, sobre todo por la vía de beneficios como la prisión domiciliaria o la lisa y llana excarcelación. Según estos números de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas contra los genocidas, el 42 % de los procesados está excarcelado y el 58 % con prisión preventiva. Pero la prisión preventiva tampoco es completa: el 40 % de los detenidos tiene detención domiciliaria. En resumen, el 82% de los procesados está en su casa libre o con domiciliaria.
Desde los organismos de DDHH de La Plata hemos denominado a la próxima causa a juzgarse en La Plata como “CIRCUITO CAMPS”, ya que si bien en la década de los 80 hubo una primera causa Camps o 44 la decena de represores allí juzgados recibieron condenas mínimas y luego fueron beneficiados por las leyes de impunidad. Esta nueva causa Camps es la más extensa llevada a juicio hasta el momento en la Plata , allí se juzgará a 26 represores por crímenes cometidos contra 280 compañeros en cinco Centros Clandestino de Detención: Comisaría 5ª (Dg. 74 entre 23 y 24), Brigada de Investigaciones La Plata (calle 55 entre 13 y 14) Delegación de Cuatrerismo de Arana (137 y 640), Puesto Vasco (Don Bosco, Quilmes) y COTI 1 Martinez (avenida del Libertador al 14200, San Isidro). Por la 5ta y Arana pasó Lopez como detenido ilegal. Su testimonio estará presente en el juicio sólo como una proyección audiovisual.
La concreción de este juicio es un triunfo de la lucha que desde su creación viene sosteniendo el espacio Justicia Ya, en el que se rompe con la mecánica de llevar a los estrados judiciales a un solo represor (Etchecolatz, V.Wernich) o a un solo lugar (U9). Pero seguimos sosteniendo que es un juicio parcial, ya que no se contemplan infinidad de casos de compañeros que pasaron por estos CCD y quedan afuera de la imputaciones varios de los represores identificados y muchos de los que se podrían haber identificado si se hubieran entregado y abierto los listados de policías que estuvieron en estos centros siendo que todos ellos tuvieron como fachada comisarías y establecimientos “legales”. Ante la magnitud en cantidad y movimiento de secuestrados que por esos lugares pasaron, era imposible que alguien que haya estado allí pudiera como mínimo desconocer lo que sucedía.
Durante la dictadura funcionaron en La Plata unos 12 Centros Clandestinos de Detención, coordinados por miles de efectivos de la Policía bonaerense y de las Fuerzas Armadas. De esos miles de genocidas, sólo 19 fueron condenados por los procesos que nos propone el Estado argentino. Pero la investigación y sanción de los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura militar es una responsabilidad indelegable de ese Estado, incluidos sus tres poderes constitutivos.
Por todo esto denunciamos que no existe en ningún sector del poder político kirchnerista u opositor por derecha ninguna voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, en un concepto, de reconocer que lo que aquí sucedió fue un Genocidio.
A 5 AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ seguimos exigiendo
*Juicio y Castigo a los genocidas de la bonaerense de ayer – Juicio por Centro Clandestino de Detención - Condena a todos los genocidas por todos los compañeros.
*Restitución de nuestros más de 400 hermanos apropiados por los genocidas. Extensión del Banco Nacional de Datos Genéticos.
*Basta de amenazas a los testigos en los juicios a los genocidas.
HIJOS LA PLATA
jueves, 15 de septiembre de 2011
Carlos Del Frade: “Costanzo estaba dolido porque lo dejaron afuera de muchos negocios”
El periodista dio hoy testimonio en el marco del juicio por la causa Hospital Militar, en el que se investiga el robo de bebés en Paraná durante la última dictadura cívico militar. Del Frade señaló que cree que el represor Eduardo Costanzo declarará. “Él tiene la necesidad de hablar”, dijo.
El periodista Carlos Del Frade, declaró hoy en el marco del juicio por la causa Hospital Militar, en el que se investiga el robo de bebés y la existencia de una maternidad clandestina en Paraná. Por su parte, el periodista Miguel Bonasso también estaba citado para declarar hoy, pero posiblemente lo haga por videoconferencia el 22 de setiembre, junto con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Antes de ingresar a la sala del Tribunal Oral Federal de Paraná, Del Frade hizo declaraciones a UNO y otros medios de prensa, e indicó que su citación como testigo tiene que ver con una serie de entrevistas que le hizo al represor Eduardo Costanzo, después de la dictadura.
“La verdad es que (hablar con los represores) fue algo muy especial, porque estaban todos libres, y la cuestión no era tan sencilla. Fue interesante separar la paja del trigo en lo que decían e ir armando el rompecabezas que siempre supone la investigación periodística”, dijo.
Consultado sobre si cree que que Costanzo -quien también está citado como testigo- va a declarar en el juicio, Del Frade señaló: “Creo que no va a tener ningún problema en declarar porque tiene la necesidad de hablar, de separar las aguas, ya que él está convencido de que no tiene una relación tan directa con estos hechos como sí la tienen Amelong, Guerrieri y Fariña. Es difícil creerle, pero lo cierto es que está diciendo eso y está aportando muchos datos; y esos datos hay que investigarlos”.
Cabe recordar que en la etapa de instrucción, Eduardo Costanzo había declarado que los militares Juan Amelong y Walter Pagano fueron quienes abandonaron a Sabrina Guillino -uno de los dos bebés de la detenida desaparecida Raquel Negro y recuperada en 2008- en un convento de Rosario. Se espera que declare el miércoles 21.
“Costanzo sentía que se daba cuenta de que se terminaba la impunidad, aunque en ese momento estaba todavía la Ley de Obediencia Debida y Punto Final. Cuando yo lo entrevisté, él estaba trabajando como remisero y en el corretaje de verduras que traía de su provincia, Tucumán. Estaba muy dolido porque lo habían dejado afuera de muchos negocios. Decía que (Jorge) Fariña había hecho mucha plata con el tema de la seguridad privada en Rosario y a mí me daba la sensación que eso era lo que más le molestaba. Con el paso del tiempo, todo lo que decía Costanzo más o menos se fue comprobando. Es un testigo muy interesante a la hora de dilucidar lo que pasó”, destacó Del Frade.
Por otra parte, añadió que “así como hay médicos del Hospital Militar, hay médicos de la Policía de las seis provincias que componían el Segundo Cuerpo del Ejército -Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos- que ahora están trabajando en el ámbito civil, se han reciclado. No digo que sean responsables, pero sí deben conocer cosas y por lo menos hay que tomarles una declaración testimonial. Hay muchos civiles vinculados a esto, sino no se explica la permanencia durante siete años de la dictadura”.
Consultado sobre los posibles motivos por los que algunos testigos de la causa adujeron no recordar lo sucedido en torno al robo de bebés en el nosocomio castrense, Del Frade explicó que “hay dos cuestiones por las que todos dicen no recordar lo que pasó: primero, el miedo a perder la libertad, y segundo, el miedo a que se descubran los vínculos económicos que se movieron en la dictadura. Tanto militares, como la Policía y otras fuerzas armadas eran títeres macabros. El tema grande son los titiriteros, delincuentes de guante blanco, el poder económico de cada provincia, que es el mismo que permanece en la actualidad. Si estos muchachos hablan, va a empezar a verse la responsabilidad de los que están hoy en el poder económico de cada provincia de lo que fuera el Segundo Cuerpo del Ejército”.
En la causa están imputados los ex militares Juan Amelong, Marino González, Walter Pagano, Pascual Guerrieri y Jorge Alberto Fariña; y el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría.
Fuente: Diario UNO
El periodista Carlos Del Frade, declaró hoy en el marco del juicio por la causa Hospital Militar, en el que se investiga el robo de bebés y la existencia de una maternidad clandestina en Paraná. Por su parte, el periodista Miguel Bonasso también estaba citado para declarar hoy, pero posiblemente lo haga por videoconferencia el 22 de setiembre, junto con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Antes de ingresar a la sala del Tribunal Oral Federal de Paraná, Del Frade hizo declaraciones a UNO y otros medios de prensa, e indicó que su citación como testigo tiene que ver con una serie de entrevistas que le hizo al represor Eduardo Costanzo, después de la dictadura.
“La verdad es que (hablar con los represores) fue algo muy especial, porque estaban todos libres, y la cuestión no era tan sencilla. Fue interesante separar la paja del trigo en lo que decían e ir armando el rompecabezas que siempre supone la investigación periodística”, dijo.
Consultado sobre si cree que que Costanzo -quien también está citado como testigo- va a declarar en el juicio, Del Frade señaló: “Creo que no va a tener ningún problema en declarar porque tiene la necesidad de hablar, de separar las aguas, ya que él está convencido de que no tiene una relación tan directa con estos hechos como sí la tienen Amelong, Guerrieri y Fariña. Es difícil creerle, pero lo cierto es que está diciendo eso y está aportando muchos datos; y esos datos hay que investigarlos”.
Cabe recordar que en la etapa de instrucción, Eduardo Costanzo había declarado que los militares Juan Amelong y Walter Pagano fueron quienes abandonaron a Sabrina Guillino -uno de los dos bebés de la detenida desaparecida Raquel Negro y recuperada en 2008- en un convento de Rosario. Se espera que declare el miércoles 21.
“Costanzo sentía que se daba cuenta de que se terminaba la impunidad, aunque en ese momento estaba todavía la Ley de Obediencia Debida y Punto Final. Cuando yo lo entrevisté, él estaba trabajando como remisero y en el corretaje de verduras que traía de su provincia, Tucumán. Estaba muy dolido porque lo habían dejado afuera de muchos negocios. Decía que (Jorge) Fariña había hecho mucha plata con el tema de la seguridad privada en Rosario y a mí me daba la sensación que eso era lo que más le molestaba. Con el paso del tiempo, todo lo que decía Costanzo más o menos se fue comprobando. Es un testigo muy interesante a la hora de dilucidar lo que pasó”, destacó Del Frade.
Por otra parte, añadió que “así como hay médicos del Hospital Militar, hay médicos de la Policía de las seis provincias que componían el Segundo Cuerpo del Ejército -Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos- que ahora están trabajando en el ámbito civil, se han reciclado. No digo que sean responsables, pero sí deben conocer cosas y por lo menos hay que tomarles una declaración testimonial. Hay muchos civiles vinculados a esto, sino no se explica la permanencia durante siete años de la dictadura”.
Consultado sobre los posibles motivos por los que algunos testigos de la causa adujeron no recordar lo sucedido en torno al robo de bebés en el nosocomio castrense, Del Frade explicó que “hay dos cuestiones por las que todos dicen no recordar lo que pasó: primero, el miedo a perder la libertad, y segundo, el miedo a que se descubran los vínculos económicos que se movieron en la dictadura. Tanto militares, como la Policía y otras fuerzas armadas eran títeres macabros. El tema grande son los titiriteros, delincuentes de guante blanco, el poder económico de cada provincia, que es el mismo que permanece en la actualidad. Si estos muchachos hablan, va a empezar a verse la responsabilidad de los que están hoy en el poder económico de cada provincia de lo que fuera el Segundo Cuerpo del Ejército”.
En la causa están imputados los ex militares Juan Amelong, Marino González, Walter Pagano, Pascual Guerrieri y Jorge Alberto Fariña; y el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría.
Fuente: Diario UNO
lunes, 5 de septiembre de 2011
Represión en la marcha a la Embajada de Chile
El pasado viernes 2 de septiembesta se realizo la movilización convocada por la asamblea de estudiantes chilenos en Argentina, en solidaridad y apoyo a la heroica lucha de los jóvenes y estudiantes de Chile que exigen una educación gratuita, la Policía Federal reprimió a los estudiantes que nos concentramos en las puertas de la Embajada de Chile. Detuvieron a 6 jovenes que gracias a la presion de los compañeros serian liberados horas mas tarde.
Mas informes en: http://www.tvpts.tv/
Mas informes en: http://www.tvpts.tv/
sábado, 27 de agosto de 2011
El primer muerto de la protesta social en Chile
El hecho caló hondo en la ciudadanía que, en caliente, a través de las redes sociales, apoyó mayoritariamente la versión de los jóvenes. La policía había desestimado la participación de funcionarios de su institución.
Por Christian Palma - Desde Santiago
Manuel Gutiérrez Reinoso tenía 16 años. Era un buen chico, dicen los vecinos de la Villa Jaime Eyzaguirre, de la populosa comuna de Macul, ubicada en la zona sur oriente de Santiago. Participaba de la Iglesia Metodista Pentecostal, recuerda uno apoyado en la reja de la entrada de la modesta casa del joven. “Estuvimos jugando a la pelota en la tarde”, se anima a contar su “compadre” Giuseppe mientras da vueltas por las callecitas de la población, pensando en la noche fatídica. Es que el destino y las balas nunca fueron amigos.
La madrugada del viernes, tras la última jornada del paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Manuel salió de su hogar para ayudar a su hermano Gerson, de 23 años, que se desplaza en silla de ruedas. La idea era hacer lo habitual en estos días: observar los “cacerolazos” de los pobladores en contra del actual gobierno.
En eso estaban cuando se sintieron tres balazos. “Me dieron, hermano”, dijo Manolito y se desplomó. El proyectil le atravesó el tórax causándole la muerte minutos más tarde en la asistencia pública. “Yo vi disparar a los carabineros y no soy el único testigo”, dijo Gerson, que junto a Giuseppe Ramírez, 19, aseguran que fue la policía la que disparó sin mediar provocación alguna.
“Ibamos caminando hacia la pasarela que está al final del pasaje cuando apareció un radiopatrulla de Carabineros y comenzaron a disparar. Estoy seguro de que fueron ellos. Uno de los balazos le llegó a mi hermano en el pecho y cayó al suelo”, agrega entre sollozos el joven minusválido.
Jacqueline, otra de las hermanas de Manolito, cuenta que en un principio pensaron que se trataba de balines de goma. Sin embargo, los médicos de la Posta 4 de Ñuñoa dieron la mala noticia: “No pudimos salvarle la vida porque era una bala de grueso calibre”, dijeron. Ese mismo proyectil fatal, que simbólicamente hirió a todo Chile, será clave para determinar al responsable del cobarde hecho. Los peritos de la Policía de Investigaciones de Chile ya está analizando la bala.
Miguel Fonseca, vecino de la víctima y que tomó la vocería de la familia, contó a Página/12 que se presentarán seis testigos a declarar. Además de Gerson y Giuseppe, irán tres vecinos del sector y otro joven que recibió una bala en el brazo cerca del lugar del hecho y al cual todavía no le extirparon el proyectil.
El hecho caló hondo en la ciudadanía que, en caliente, a través de las redes sociales, apoyó mayoritariamente la versión de los jóvenes. Esto por más que la policía de-sestimara la participación de funcionarios de su institución.
“Descarto de plano la participación de carabineros. Sé que hay alguna versión de que habría pasado un vehículo por el lugar donde ellos estaban y cumpliría no sé con qué característica, que ellos lo atribuyen a que era un vehículo de carabineros”, dijo el segundo jefe de zona Metropolitana, el general Sergio Gajardo.
Pero el clima sombrío estuvo presente todo el día. “En un año y medio, los carabineros perdieron toda la credibilidad y el respeto que habían ganado en veinte. Ahora los cabros (chicos) no les tienen miedo como en la dictadura, cuando para nosotros ver a un paco era lo mismo que estar mirando a Pinochet. Ahora los jóvenes no van a aguantar ser reprimidos”, le decía un amigo a otro en un café del centro de Santiago, dando cuenta del impacto de la noticia y del golpe que ha significado para carabineros –culpables o no– su actuación en las movilizaciones estudiantiles. Si bien la delincuencia y la violencia han sido rechazadas transversalmente y varios policías han sido heridos, incluso a balazos, ellos se han llevado el repudio más grande.
La Moneda y principalmente el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, han sido duramente cuestionados por su labor. De hecho, luego de que el secretario de Estado prohibiera una marcha anterior por el centro de Santiago, el clima se fue enrareciendo. En ese escenario, el subsecretario, Rodrigo Ubilla, pidió “no especular” sobre la muerte del menor, sino “dejar que las instituciones actúen”.
Mientras tanto, Mireya Reinoso, la madre del chico fallecido, se aferra al credo que profesa para aguantar tanta pena. Generosa, la mujer también pide que se haga justicia para que esta tragedia no se repita.
“Nada me va a devolver a mi hijo, pero creo que podrían haber disparado al aire, podrían haberse cerciorado de que estaban haciendo algo. Pero sé que la justicia viene de arriba... es un dolor muy grande”, dijo entre lágrimas.
Al pequeño Manolito lo velan ahora en la parroquia evangélica que queda a dos cuadras de su casa. El mismo templo al cual acompañó a su abuelita tantas veces a rezar. Oraciones que se repitieron en diversas “velatones” que se de- sarrollaron en homenaje al pequeño mártir de la movilización estudiantil chilena. Los “cacerolazos” anoche fueron de luto.
jueves, 4 de agosto de 2011
Estado de Sitio en Santiago, Chile. 500 detenidos, docenas de heridos, apoyo popular en las marchas estudiantiles.
Más de 500 personas fueron detenidas y 14 uniformados resultaron heridos en una tensa jornada de protestas estudiantiles en Chile, en la que los Carabineros intentaron dispersar las marchas en Santiago y otras doce ciudades, mientras 200 estudiantes ocuparon una televisora para difundir al país su reclamo de asegurar un nivel de educación pública de calidad, incluso a nivel universitario.
De acuerdo con el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, "527 detenidos y 14 carabineros heridos es el balance a nivel nacional que han dejado hasta ahora las marchas estudiantiles".
Centenares de personas salieron expontáneamente la noche del jueves a sus balcones y a las calles para hacer sonar sus cacerolas con cucharas de metal en una protesta que se fue extendiendo en diferentes barrios de la capital chilena, según reproducían radioemisoras locales. Los manifestantes -universitarios, escolares y profesores- intentaron reunirse al caer la noche en la céntrica plaza Italia para marchar por la Alameda, principal arteria de la capital chilena, pero fueron reprimidos por la Policía, que utilizó gases lacrimógenos y carros lanza-agua, informó la agencia AFP.
La acción de la policía fue respondida por los estudiantes con piedras, fogatas y barricadas que levantaron estudiantes.
Ante la imposibilidad de marchar, unos 200 estudiantes ocuparon de manera pacífica la estación televisiva Chilevisión (ex propiedad del actual presidente, Sebastián Piñera) para expresar sus demandas, relató la periodista de la emisora televisiva Macarena Pizarro.
"Nos vimos afectados como canal por una ocupación de unos 200 estudiantes que llegaron hasta el canal para manifestarse", dijo Pizarro al aire.
El objetivo de los jóvenes manifestantes era salir al aire para comunicar al país sus reclamos, pero finalmente accedieron a la propuesta de los productores de la emisora de grabar un mensaje que sería transmitido más tarde, tras lo cual comenzaron a abandonar el lugar, expresó la periodista.
Mientras tanto, el vocero presidencial Andrés Chadwick expresó a Radio Cooperativa que "hemos tenido toda la prudencia para hacer respetar los derechos de expresión, pero llega un límite que está dado por que un grupo de personas no perjudique el derecho del resto”. “Los estudiantes no son los dueños de este país", argumentó.
En contraposición, uno de los dirigentes del movimiento estudiantil, Rodrigo Rivera, sostuvo que "creemos que tenemos todo el derecho constitucional a manifestarnos, sobre todo por la Alameda, pero no se dejó que los compañeros llegaran a Plaza Italia porque la policía comenzó a reprimirnos".
"El centro de Santiago se encuentra en estado de sitio", dijo a la prensa local Camila Vallejo, también referente de los estudiantes. "Es un derecho. Nadie nos puede reprimir por congregarnos en espacios públicos", agregó Vallejo.
Estas manifestaciones se unen a otras protestas que los estudiantes llevan realizando desde hace dos meses, cuando estalló el conflicto, como huelgas de hambre de decenas de escolares y la ocupación de centenares de colegios y universidades. Anteriormente, los estudiantes habían realizado tres marchas en las que se calcula participaron unas 240 mil personas.
Los jóvenes exigen una serie de reformas constitucionales para alcanzar una educación pública de calidad y gratuita y que se acabe con el lucro en las universidades, prohibido en la legislación chilena pero burlado a través de resquicios legales.
El Gobierno de Piñera entregó el lunes una propuesta de 21 puntos que plantea consagrar en la Constitución el derecho a una educación de calidad, cuya responsabilidad está hoy en manos de los padres, pero acoge parcialmente el reclamo de acabar con el lucro en la educación.
El ofrecimiento fue calificado por los estudiantes de "insuficiente" y decenas de sindicatos universitarios ya lo rechazaron, pese a que dirigentes estudiantiles anunciaron que el viernes entregarían una respuesta sobre la propuesta.
Las protestas estudiantiles han influido notoriamente en la caída de la popularidad del presidente chileno, que llegó a un mínimo del 30% en julio –y se estima que hoy está en un 26%-, y además provocaron el cambio del anterior ministro de Educación, Joaquín Lavín.
El ministro del Interior, Rodrigo Hizpeter, dijo el miércoles que se había decidido prohibir las marchas para evitar daños a la propiedad pública y privada como los provocados en manifestaciones anteriores.
Presión al Ejecutivo. La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) dio un plazo de seis días al Gobierno para responder a las demandas estudiantiles, presentes en el petitorio entregado por el movimiento estudiantil que incluye educación gratuita y fin al lucro, entre otros puntos.
Así lo indicó el presidente de la Universidad de Los Lagos, Patricio Contreras. "En su desesperación y desinterés de responder a las problemáticas sociales, hacemos responsable al gobierno actual, que ataca y reprime autoritariamente a la población en general, incluso atentando contra la vida de nuestros propios compañeros. Incitamos al gobierno a dar respuestas serias, concretas y coherentes con nuestras demandas históricas. Para esto, el Ejecutivo tiene un plazo de seis días, a partir de esta jornada de movilizaciones y protesta nacional".
De momento, la única respuesta de parte del Ejecutivo chileno ha sido a través de su portavoz, quien indicó que "al Gobierno no se le emplaza de esa manera".
Chile: otra vez reprimen a los estudiantes que quieren educacion gratuita.
Chile: reprimen a estudiantes que marchaban por la educación pública, hay 527 detenidos
Carabineros de Chile reprimieron ayer a miles de estudiantes secundarios que intentaban marchar por una educación gratuita, en un rechazo anticipado a la propuesta del gobierno para superar la crisis del sector, y en total fueron detenidos unos 527 estudiantes en todo el país.
La marcha en Santiago, a la que asistieron alrededor de 10.000 alumnos secundarios, según la agencia Ansa, no fue autorizada por el gobierno, que acusó de “intransigencia” a los dirigentes estudiantiles.
El vocero del gobierno chileno, Andrés Chadwick, primo del presidente Sebastián Piñera, dijo que los estudiantes “no son dueños del país y por eso hay que hacer respetar la ley”.
Unos mil efectivos policiales cercaron a los estudiantes que intentaban concentrarse en la Plaza Italia, el principal punto de encuentro de celebraciones políticas y deportivas de Santiago.
Las fuerzas de seguridad cerraron las rejas de acceso al paseo público y las bocas de salida del tren subterráneo, para que los alumnos no accedieran al punto de concentración.
Testigos relataron que la policía también hizo detener los autobuses que se dirigían al lugar de la convocatoria y obligó a descender a todo joven “sospechoso” de dirigirse a la movilización.
Los policías utilizaron carros hidrantes y bombas lacrimógenas y, según la vocera de los secundarios, Laura Ortiz, “incluso se escucharon disparos”.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo, consideró “inaceptable” la represión policial y aseguró que el centro de Santiago “se encuentra en estado de sitio”.
Vallejo convocó, en su cuenta de Twitter, para la noche a un cacerolazo en todo Chile en “repudio a la represión contra los estudiantes”.
También confirmó que una segunda marcha, convocada esta vez por los universitarios y el Colegio de Profesores, se iniciará a las 22.30 GMT (19,30 de Argentina) en el centro de Santiago, pese a que el gobierno exigió deponer la movilización de protesta.
En tanto, en el puerto de Valparaíso, 140 kilómetros al noroeste de Santiago, 5.000 estudiantes marcharon y se enfrentaron también con la policía.
En Concepción, 500 kilómetros al sur de la capital chilena, miles de estudiantes se sumaron a una marcha que también fue reprimida por las fuerzas policiales.
Las movilizaciones se realizaron en vísperas de que alumnos y profesores entreguen su respuesta al plan educativo presentado por el gobierno de Sebastián Piñera, que ya fue rechazado extraoficialmente por unas 10 federaciones de estudiantes de las principales universidades del país.
Las protestas también coincidieron con la publicación de una encuesta del influyente y patronal Centro de Estudios Públicos, que sitúa a Piñera con una aprobación del 26 por ciento, la cifra más baja para un mandatario en 20 años de democracia, y a los partidos opositores de la Concertación con 20 por ciento de aprobación.
El gobierno, fracturado en sus filas y sin consensos con la mayoría opositora de centroizquierda en el Senado, no logra concitar apoyo luego de tres cambios de gabinete en año y medio de gestión.
De hecho, el senador socialista Fulvio Rossi anunció un bloqueo legislativo al Ejecutivo, en protesta porque éste prohibió las manifestaciones apelando a un decreto heredado de la dictadura.
“Hemos visto represión hacia menores y se están vulnerando garantías constitucionales básicas, por lo que vamos a hacer un bloqueo en el Congreso a las iniciativas del gobierno”, dijo Rossi.
El miércoles, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ante el anuncio de los estudiantes secundarios y universitarios de realizar sendas marchas defendió un decreto usado para disolver las manifestaciones no autorizadas, refrendado en su momento por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990) y aún vigente, pese a que viola un artículo de la Constitución.
La crisis social y política que azota Chile, con un creciente rechazo al presidente Piñera y todas las élites políticas, está abriendo paso a una “primavera chilena”, admitió hoy incluso el ex mandatario Ricardo Lagos, citado por la agencia DPA.
poseen un patrimonio de 75.000 millones de dólares.
Ambos hechos resumen las inequidades de un país que fue mostrado como un ejemplo de desarrollo, ingresando incluso a la OCDE, el club de los países ricos.
Paradójicamente, hoy ese modelo de desarrollo excluyente es el puesto en entredicho por los movimientos sociales, en la antesala de las elecciones municipales de 2012 y presidenciales de 2013
Carabineros de Chile reprimieron ayer a miles de estudiantes secundarios que intentaban marchar por una educación gratuita, en un rechazo anticipado a la propuesta del gobierno para superar la crisis del sector, y en total fueron detenidos unos 527 estudiantes en todo el país.
La marcha en Santiago, a la que asistieron alrededor de 10.000 alumnos secundarios, según la agencia Ansa, no fue autorizada por el gobierno, que acusó de “intransigencia” a los dirigentes estudiantiles.
El vocero del gobierno chileno, Andrés Chadwick, primo del presidente Sebastián Piñera, dijo que los estudiantes “no son dueños del país y por eso hay que hacer respetar la ley”.
Unos mil efectivos policiales cercaron a los estudiantes que intentaban concentrarse en la Plaza Italia, el principal punto de encuentro de celebraciones políticas y deportivas de Santiago.
Las fuerzas de seguridad cerraron las rejas de acceso al paseo público y las bocas de salida del tren subterráneo, para que los alumnos no accedieran al punto de concentración.
Testigos relataron que la policía también hizo detener los autobuses que se dirigían al lugar de la convocatoria y obligó a descender a todo joven “sospechoso” de dirigirse a la movilización.
Los policías utilizaron carros hidrantes y bombas lacrimógenas y, según la vocera de los secundarios, Laura Ortiz, “incluso se escucharon disparos”.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo, consideró “inaceptable” la represión policial y aseguró que el centro de Santiago “se encuentra en estado de sitio”.
Vallejo convocó, en su cuenta de Twitter, para la noche a un cacerolazo en todo Chile en “repudio a la represión contra los estudiantes”.
También confirmó que una segunda marcha, convocada esta vez por los universitarios y el Colegio de Profesores, se iniciará a las 22.30 GMT (19,30 de Argentina) en el centro de Santiago, pese a que el gobierno exigió deponer la movilización de protesta.
En tanto, en el puerto de Valparaíso, 140 kilómetros al noroeste de Santiago, 5.000 estudiantes marcharon y se enfrentaron también con la policía.
En Concepción, 500 kilómetros al sur de la capital chilena, miles de estudiantes se sumaron a una marcha que también fue reprimida por las fuerzas policiales.
Las movilizaciones se realizaron en vísperas de que alumnos y profesores entreguen su respuesta al plan educativo presentado por el gobierno de Sebastián Piñera, que ya fue rechazado extraoficialmente por unas 10 federaciones de estudiantes de las principales universidades del país.
Las protestas también coincidieron con la publicación de una encuesta del influyente y patronal Centro de Estudios Públicos, que sitúa a Piñera con una aprobación del 26 por ciento, la cifra más baja para un mandatario en 20 años de democracia, y a los partidos opositores de la Concertación con 20 por ciento de aprobación.
El gobierno, fracturado en sus filas y sin consensos con la mayoría opositora de centroizquierda en el Senado, no logra concitar apoyo luego de tres cambios de gabinete en año y medio de gestión.
De hecho, el senador socialista Fulvio Rossi anunció un bloqueo legislativo al Ejecutivo, en protesta porque éste prohibió las manifestaciones apelando a un decreto heredado de la dictadura.
“Hemos visto represión hacia menores y se están vulnerando garantías constitucionales básicas, por lo que vamos a hacer un bloqueo en el Congreso a las iniciativas del gobierno”, dijo Rossi.
El miércoles, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ante el anuncio de los estudiantes secundarios y universitarios de realizar sendas marchas defendió un decreto usado para disolver las manifestaciones no autorizadas, refrendado en su momento por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990) y aún vigente, pese a que viola un artículo de la Constitución.
La crisis social y política que azota Chile, con un creciente rechazo al presidente Piñera y todas las élites políticas, está abriendo paso a una “primavera chilena”, admitió hoy incluso el ex mandatario Ricardo Lagos, citado por la agencia DPA.
“Los tiempos han cambiado. El andamiaje político que emergió a principios de los 90 está obsoleto y ahora tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en un nuevo sistema”, admitió el líder socialista.
Unos 4 millones de jóvenes entre 18 y 30 años no están inscritos en los registros electorales y no pueden votar. La mitad de los hogares vive con menos de 1.000 dólares mensuales en un país donde diez familias poseen un patrimonio de 75.000 millones de dólares.
Ambos hechos resumen las inequidades de un país que fue mostrado como un ejemplo de desarrollo, ingresando incluso a la OCDE, el club de los países ricos.
Paradójicamente, hoy ese modelo de desarrollo excluyente es el puesto en entredicho por los movimientos sociales, en la antesala de las elecciones municipales de 2012 y presidenciales de 2013
Un documental para entender la leyenda de "El Familiar" en el Ingenio Ledesma.
Esta película narra las luchas sociales en los grandes ingenios azucareros del norte argentino. La leyenda de EL FAMILIAR habla de un demonio que a cambio de la prosperidad de la fábrica exigía a los patrones la sangre de uno o mas trabajadores aborígenes o criollos.
Casualmente aquellos que desaparecían eran quienes cuestionaban el sistema de explotación extrema al cual eran sometidos.
El filme recorre un período que va desde principios de siglo hasta la actualidad, desde las migraciones obligadas de los aborígenes hasta los cortes de ruta de los desocupados.
Diablo, familia y propiedad fue estrenada el 7 de noviembre de 1999 en el Cine Cosmos manteniéndose en cartel 5 semanas apoyada por las críticas favorables de los medios
"La cuestión de la vivienda, es un problema común para miles de familias en Libertador y en la provincia, ya que solo un puñado de 5 capitalistas y terratenientes concentran el grueso de las tierras con valuación fiscal. Mientras las mayorías obreras y populares viven amontonadas entre 2, 3 y hasta 4 familias en una sola vivienda, alquilando en pensiones precarias, o hacinadas en los asentamientos, sin los servicios más elementales, como son la luz, el agua y el gas, la empresa Ledesma concentra 157.556 hectáreas en la provincia, todo lo que rodea a los pueblos de Libertador Gral. San Martin, Calilegua, El Talar, El Piquete, y parte de Fraile Pintado y Caimancito. Todas tierras robadas a los pueblos originarios del lugar por la empresa “centenaria y sanguinaria” Ledesma S.A.A.I., que en 1908 compró a los Hnos. Ovejero el ingenio, cuando la empresa la administraba Wollman -suegro de Herminio Arrieta, que más tarde se convertiría en suegro de Blaquier-. Es decir hace un siglo que esta empresa vive de la apropiación de tierras de los pueblos originarios, y de la piedra basal que garantizó su despegue económico y su actual alta rentabilidad: la superexplotacion de la clase obrera nacida de los pueblos originarios, y hoy la superexplotacion de los descendientes de esa mano de obra guaraní, toba, chiriguana y coya que reclutó de manera forzosa a principio del siglo XX. Pero en el ramal jujeño algo cambió, los trabajadores y el pueblo pobre cada vez se animan más a denunciar al patrón a viva voz, a defender sus derechos y a levantar bien alto sus reivindicaciones. Con las experiencias todavía frescas de la lucha por viviendas del año 2009, las huelgas y tomas de las porteras por el pase a planta permanente, y el impulso y la confianza que genera para el conjunto de los explotados y oprimidos la recuperación del sindicato de obreros de Ledesma de manos de la burocracia sindical y la posterior huelga de 24 horas conjuntamente con los obreros de citrus, las familias sin techo reanudan la lucha por viviendas asentándose el 20 de Julio en las tierras de Ledesma S.A.A.I. Paradójicamente el mismo día que hace 35 años la patronal de Blaquier, junto a los militares, llevaban adelante “la noche del apagón” que desapareció a decenas de compañeros, operación de la que se valió la patronal para derrotar físicamente la combatividad del movimiento obrero y sembrar miedo sobre las futuras generaciones. (...)"
Casualmente aquellos que desaparecían eran quienes cuestionaban el sistema de explotación extrema al cual eran sometidos.
El filme recorre un período que va desde principios de siglo hasta la actualidad, desde las migraciones obligadas de los aborígenes hasta los cortes de ruta de los desocupados.
Diablo, familia y propiedad fue estrenada el 7 de noviembre de 1999 en el Cine Cosmos manteniéndose en cartel 5 semanas apoyada por las críticas favorables de los medios
"La cuestión de la vivienda, es un problema común para miles de familias en Libertador y en la provincia, ya que solo un puñado de 5 capitalistas y terratenientes concentran el grueso de las tierras con valuación fiscal. Mientras las mayorías obreras y populares viven amontonadas entre 2, 3 y hasta 4 familias en una sola vivienda, alquilando en pensiones precarias, o hacinadas en los asentamientos, sin los servicios más elementales, como son la luz, el agua y el gas, la empresa Ledesma concentra 157.556 hectáreas en la provincia, todo lo que rodea a los pueblos de Libertador Gral. San Martin, Calilegua, El Talar, El Piquete, y parte de Fraile Pintado y Caimancito. Todas tierras robadas a los pueblos originarios del lugar por la empresa “centenaria y sanguinaria” Ledesma S.A.A.I., que en 1908 compró a los Hnos. Ovejero el ingenio, cuando la empresa la administraba Wollman -suegro de Herminio Arrieta, que más tarde se convertiría en suegro de Blaquier-. Es decir hace un siglo que esta empresa vive de la apropiación de tierras de los pueblos originarios, y de la piedra basal que garantizó su despegue económico y su actual alta rentabilidad: la superexplotacion de la clase obrera nacida de los pueblos originarios, y hoy la superexplotacion de los descendientes de esa mano de obra guaraní, toba, chiriguana y coya que reclutó de manera forzosa a principio del siglo XX. Pero en el ramal jujeño algo cambió, los trabajadores y el pueblo pobre cada vez se animan más a denunciar al patrón a viva voz, a defender sus derechos y a levantar bien alto sus reivindicaciones. Con las experiencias todavía frescas de la lucha por viviendas del año 2009, las huelgas y tomas de las porteras por el pase a planta permanente, y el impulso y la confianza que genera para el conjunto de los explotados y oprimidos la recuperación del sindicato de obreros de Ledesma de manos de la burocracia sindical y la posterior huelga de 24 horas conjuntamente con los obreros de citrus, las familias sin techo reanudan la lucha por viviendas asentándose el 20 de Julio en las tierras de Ledesma S.A.A.I. Paradójicamente el mismo día que hace 35 años la patronal de Blaquier, junto a los militares, llevaban adelante “la noche del apagón” que desapareció a decenas de compañeros, operación de la que se valió la patronal para derrotar físicamente la combatividad del movimiento obrero y sembrar miedo sobre las futuras generaciones. (...)"
Fragmento: Ledesma S.A.A.I., el gobierno del PJ, la policía y la juez Samán son los responsables. PTS Jujuy. Leer completo.
viernes, 29 de julio de 2011
Represión y muerte en Jujuy
Más de 500 familias de la Corriente Clasista y Combativa que ocupaban un predio de Ingenio Ledesma fueron reprimidas salvajemente con balas de plomo y gases a partir de una orden impartida por el Ministro de Gobierno de la provincia de Jujuy. El saldo hasta ahora es de tres compañeros muertos, Ariel Farfan de 17 años, Victor Heredia y Felix Reyes, y un policía: Alejandro Farfan. También hay otros heridos de balas en grave estado, y ocho mujeres detenidas. No se sabe el número de hombres y bebes en estado grave por los gases. Esto se suma a muchos luchadores populares asesinados por la represión como Mariano Ferreyra, Roberto y Mario López, y los compañeros caídos en el Indoamericano y en Bariloche. Junto al dudoso accidente de Mártires López.
Al momento ciento de familias han vuelto a ocupar los terrenos de los que fueron desalojados, y se aprestan a defenderse de cualquier nuevo intento de represión.
Frente a los hechos, la CCC, la CTA, estudiantes y organizaciones sindicales, sociales y políticas se movilizaron a la Casa de Jujuy a repudiar los hechos y exigir el cese de la represión. Mañana continuarán el reclamo movilizando a las 11 hs desde Av. 9 de Julio y Corrientes. Se realizarán distintos cortes en el país.
Hacemos responsables al gobierno Nacional y provincial de la feroz represión y exigimos castigo a los asesinos y justicia para los que luchan por tierras y viviendas dignas.
A continuación reproducimos comunicado de Prensa de la CCC de Jujuy:
Ante la falta de resolución del gobierno provincial como del gobierno nacional a resolver los problemas básicos de los ciudadanos del pueblo de Libertador General San Martín de solucionar la falta de vivienda, tierra y trabajo en la que viven miles de familias, la Corriente Clasista y Combativa junto al pueblo y distintos sectores de Libertador General San Martín decidieron desde hace una semana tomar 15 hectáreas de tierras, para paliar la situación, en donde se han asentado más de 500 familias. Desde ese momento hasta anoche solo recibieron por parte de la Empresa Ledesma y del gobierno como respuesta amenazas y extorsiones de represión, la empresa “amenazó con cortar todo lo que le da a la CCC, lo que no es mucho: un camión de leña, una caja de 24 Kg. de leche en polvo, y una bolsa de harina y una de azúcar de 50 Kg., que son para uno de los comedores, pero nosotros tratamos de estirarla para los otros”, comento un delegado de la CCC. Las cosas quedan claras: Ledesma es una empresa que acumula ganancias y reparte miseria.
Hoy la amenaza se hizo efectiva y desde las 6 de la mañana la policía provincial con ordenes de la Empresa Ledesma y del Gobierno Provincial y Nacional han decido reprimir a todas estas familias, mientras se encontraban durmiendo, de la peor forma ya que llegaron tirando gases y balas de goma sobre las carpas e inclusive han llegado a incendiar las carpas, es por esto que hay una gran cantidad de heridos con balas de plomo, entre ellos muchos bebes y niños que dormían dentro de esas carpas incendiadas.
La desocupación, la pobreza y la inflación son los principales problemas a enfrentar en la provincia de Jujuy y más en Libertador. Los actuales gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial, representan los intereses de grandes monopolios y de distintos imperialismos y terratenientes, y son serviles a estos. La situación social es grave y no se avizora la posibilidad de revertirla en tanto continúen las condiciones estructurales de latifundios, monopolios y opresión imperialista. Ledesma S.A. es el principal terrateniente, con 157.556 hectáreas bajo su propiedad. Según cálculos estimativos, 40 hectáreas alcanzarían para resolver el problema de vivienda en Libertador.
Cabe aclarar que la toma de estas tierras no se hace de forma caprichosa ya que desde hace más de cinco años se viene negociando sin resolución hasta que la situación explota por la necesidad de las familias de poder tener un lugar digno donde vivir. “Hubo un compromiso de que estas tierras, nos las iban a entregar hace cinco años atrás, ese compromiso, lamentablemente, Ledesma lo que firmó con la mano, lo borró con el codo. Además de eso hay que decir que las comunidades originarias, si vamos a la esencia de lo que son estas tierras, les pertenecen. De todos estos compañeros que están acá, aunque no se reconozcan una parte, son descendientes de pueblos originarios, pero hay una parte que si se reconoce, que son parte de organizaciones, y que están tomando tierras. Por lo tanto, está en discusión la propiedad de estas tierras”, comentó Kike Mosquera dirigente de la CCC. “Pero a su vez, estas tierras les corresponden también a los trabajadores, porque son los trabajadores, quienes con el sudor de su frente han hecho que Libertador crezca, que esta empresa crezca, porque la fuerza motora de la riqueza han sido los obreros, no ha sido la dirección de una fábrica que está en Buenos Aires, que no conoce nada y que vienen una vez por año en sus aviones”, agregó.
Queremos hacer responsable de este atropello a los derechos democráticos de una vivienda digna y a la brutal represión a la Empresa Ledesma y a los gobiernos provincial y nacional y exigimos el cese de la represión que ya lleva más de dos horas y que se ha extendido a los distintos barrios de la ciudad ya que gran parte del pueblo salió a respaldar a las familias que se encuentran en la toma.
sábado, 25 de junio de 2011
Tapas que tapan.
El dia 23 de junio por la noche la policia federal por orden del ejecutivo nacional reprimio a los docentes santacruceños que quisieron acampar frente al ministerio de trabajo. Filmus dijo que es una nueva politica de seguridad, si Macri reprime esta mal pero si ellos lo hacen esta todo bien, si los trabajadores bloquean a clarin esta bien, pero si los docentes quieren reclamar frente al ministerio de trabajo es legitimo reprimir. EL DOBLE DISCURSO K EN SU MAXIMA EXPRESION. Al dia siguiente, viernes 24 de junio, las tapas tapan el conflicto social, con ustedes las tapas de cuatro de los diarios mas importantes del pais:
Tiempo Argentino, diario filo Kirchnerista, no hace ninguna mencion a la represion policial.
Pagina 12, la oveja negra, el diario zurdo mas vendido, no hace ninguna mencion a la represion policial.
La Nacion, diario opositor, considera que la maxima tension la produce el conflicto en River, solo menciona como un hecho menor la represion policial.
A pesar de todas las criticas que ahi que hacerle a Clarin y de que seguramente su intencion no fue la de proteger a los docentes, fue el unico diario importante que publico la foto de la represion en la tapa. Sin embargo el titulo es River.
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