Un grito Mapuche contra el gobierno nacional

El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, fue abucheado en la audiencia por la reforma del Código Civil y abandonó la sala al grito de “mentiroso”.

“Está diciendo mentiras”. “No sos nuestro hermano”. “No nos representás”. “Yanakona (traidor)”. Fueron algunos de los gritos que se escucharon el jueves en Neuquén, en el marco de las audiencias públicas por la reforma del Código Civil.El destinatario de las acusaciones fue el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, máximo funcionario del gobierno nacional en materia de pueblos originarios. Organizaciones indígenas de todo el país, y organismos de derechos humanos, denuncian que el proyecto de Código Civil rebaja de categoría a los derechos indígenas y, advierten, favorece a las industrias extractivas que avanzan sobre territorios ancestrales.

10 minutos y 50 segundos. Es lo que duró la intervención de Fernández en la ciudad de Neuquén, donde se desarrolló la audiencia por la reforma del Código Civil. Le habían precedido dirigentes indígenas y abogados de organizaciones que cuestionaron duramente el proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

 “El texto del proyecto es inconstitucional porque contradice el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. La incorporación de la regulación del derecho indígena en el Código Civil en los términos proyectados daría lugar a múltiples inconstitucionalidades”, denunciaron en agosto en un documento conjunto del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat) y la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI).

 El 29 de agosto, en la audiencia en el Congreso Nacional, Ignacio Prafil, del Consejo Plurinacional Indígena, había denunciado que “el nuevo Código Civil enviado por la Presidenta será un retroceso enorme para los pueblos originarios. Los derechos ganados en años de lucha por nuestros pueblos, con éste proyecto quedarían reducidos a simples inmuebles rurales”. El Consejo Plurinacional fue acompañado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Daniel Fernández, del INAI, no acusó recibo de ninguna de las múltiples críticas de diversas organizaciones.

Ante una sala repleta, en la Universidad Nacional del Comahue y con numerosos dirigentes indígenas de Neuquén, el funcionario defendió el proyecto enviado por la Presidenta, remarcó que era “importante que la propiedad comunitaria indígena” esté en el Código Civil e hizo un repaso de las leyes aprobadas durante el kirchnerismo: Ley de Educación Bilingüe, Ley de Medios Audiovisuales (“que tiende a democratizar los medios, otorga participación indígena en el Afsca y legisla sobre el derecho a la comunicación”) y la Ley 26160 (de 2006), que debiera suspender los desalojos indígenas y realizar un relevamiento territorial de comunidades (acción tan atrasada que se debió prorrogar la ley).

Fernández apuntó a los tribunales de primera y segunda instancia por no implementar los derechos indígenas, entre ellos los vigentes en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT.

 “El gobierno nacional, primero de Néstor Kirchner y ahora de Cristina Fernández, es el único Gobierno que ha sancionado leyes que implementan derechos indígenas (…). Esta inclusión (en el Código Civil) no debe ser visto como una obstrucción, no como una trampa para ver qué derecho puede limitar, sino como un camino progresivo para reconocer e implementar derechos”, dijo el presidente del INAI, en tono de campaña.

Luego abordó la cuestión histórica (recordó que el Código Civil vigente se escribió antes de la Campaña del Desierto) y recordó que la Constitución Nacional de 1994 reconoce derechos indígenas, pero también reconoce el dominio de los recursos naturales a las provincias. “Entonces se complica la cosa. Por eso es que la inclusión en el Código (de la propiedad comunitaria) viene a unificar la legislación en todo el país (…) Esto no se resuelve en la ONU, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se resuelve en el ámbito nacional, en las discusión y en la correlación de fuerza social y política para avanzar en la implementación de derechos”.

No fue casual la mención de la ONU y de la CIDH. En ambas instancias internacionales se denunció al Estado Nacional por la violación de derechos de los pueblos indígenas. Incluso esta semana, el martes, la máxima autoridad de Naciones Unidas en materia indígenas (James Anaya) difundió un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de ONU. Apuntó a la violación de derechos humanos básicos (salud, alimentación, educación) y a la avanzada territorial de empresarios y de industrias extractivas sobre los pueblos indígenas.

El titular del INAI, que proviene del sindicalismo y que carece de antecedentes en materia indígena, siguió: “Este es un Código con otra mirada. No es la mirada individualista ni privatista, tiene una mirada pluricultural. Este Código reconoce derechos colectivos”, señaló Fernández. Y fue interrumpido por una mujer mapuche: “Está diciendo mentiras”. Hubo varios chiflidos en desaprobación a Fernández.

El funcionario intentó retomar: “Hermanos, con mucho respeto…”.

 Y se volvió a escuchar desde el auditorio: “No nos respetaste”.

Ya nada fue igual.

Fernández prometió que luego de la sanción del nuevo Código Civil se avanzará en la sanción de tres leyes especiales: de propiedad comunitaria indígena, una ley de consulta y participación indígena y en actualizar la Ley 23302 (que creó el INAI).

Recordó que, en el marco del Bicentenario, la Presidenta había firmado un decreto que convocó a una comisión para la reforma del Código Civil y –metió el dedo en la llaga– y argumentó que la participación estuvo dada por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), donde sobresalen indígenas funcionarios del gobierno nacional (en el INAI y en la Secretaría de Ambiente, entre otros ámbitos oficiales).

“No hubo participación”, gritaron desde el auditorio. “No nos sentimos representados”, acusó otra dirigente mapuche.

Los coordinadores de la audiencia intentaron frenar los gritos, pero ya no pudieron.

Fernández intentó seguir: “Estoy hablando en nombre del Estado Nacional y del Gobierno”. Intentó calmar los ánimos: “Hermanos…”.

Eran múltiples los gritos críticos. Y se escuchó: “No sos hermano”.

El funcionario finalizó su exposición. Hubo algunos aplausos (estaban presentes funcionarios del INAI, dirigentes indígenas que forman parte del Gobierno y otros que adhieren al kirchnerismo), pero también hubo gritos y abucheos.

Fernández de inmediato recorrió el pasillo que llevaba hacia la puerta.

 “Entregador del pueblo”. “La presidente Kirchner manda a mafias como ese”. “Yanakonas”(traidores).

Los gritos de repudio no terminaban. Los coordinadores de la audiencia pidieron silencio. No lo lograron. Y levantaron la audiencia.

Puños en alto de mapuches y un grito: “Marici Weu”, que en idioma mapuche significa “diez veces venceremos”.

Fuertes críticas indígenas al nuevo Código Civil de Argentina

Venimos a decirles a los congresistas que este proyecto de Código Civil es promotor de desalojos indígenas y promotor de condenas penales por usurpación”. Esta fue la posición del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) ante la Comisión Bicameral del Congreso Nacional de Argentina, en audiencia pública el pasado miércoles en Buenos Aires.

Por Comunicación Odhpi

La organización de derechos humanos coincidió con los pueblos indígenas (que ya habían expuesto) al remarcar la “evidente inconstitucionalidad” del texto propuesto por el Poder Ejecutivo. ElOdhpi instó a los legisladores a que “no propaguen el genocidio legalizando el despojo de los pueblos indígenas”.

“La situación actual al interior de las provincias es que la discusión sobre la propiedad comunitaria indígena se da en el ámbito judicial y no en otros ámbitos. Esa es la única respuesta que tiene el Estado para abordar un tema tan sensible como lo es la situación territorial indígena. Ese es el escenario que se ofrece, un escenario donde terratenientes y empresarios se mueven como pez en el agua, y los indígenas apenas si logran, en el mejor de los casos, recurrir a defensores voluntarios. Allí es donde nos encontramos con jueces racistas que se resisten a comprender o se oponen ideológicamente a respetar y considerar al Pueblo Mapuche como colectivamente diferente, a respetar la diversidad que está declarada en la Constitución y a receptar las consecuencias jurídicas concretas que tiene el reconocimiento de pueblos preexistentes”, alertó Micaela Gomiz, abogada y secretaria ejecutiva del Odhpi.

“Esos jueces de provincia que comparten el origen social de los impulsores de los juicios, que están impregnados de prejuicios personales y raciales, y que son adictos a la aplicación de normas del derecho común, ahora van a tener en ‘su’ Código Civil normas que se dicen reguladoras de la propiedad indígena, pero que ayudarán a seguir equiparando a la posesión indígena con la posesión civil”, advirtió Gomiz.

El Odhpi recordó que la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT (de carácter supralegal) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen dos cuestiones centrales para reconocer la propiedad comunitaria indígena: que la posesión indígena implica propiedad (haya reconocimiento explícito estatal o no) y que esa posesión indígena es sustancialmente diferente a la posesión del código civil.

“Ninguna de estos dos aspectos están incluidos en la regulación propuesta. Y no sólo no están incluidos, sino que están siendo negados. La negación de estos aspectos significarán directamente la expulsión de los territorios y la negación de derechos territoriales indígenas, o sea lo contrario a lo que muchos creen que este proyecto viene a hacer. Aunque en unos años logremos la inconstitucionalidad de esos artículos, lo cierto es que mientras tanto las consecuencias las van a sufrir las comunidades”, denunció.

La abogada especializada en derecho indígena afirmó que el nuevo Código Civil beneficiará a los terratenientes que avanzan sobre territorios indígenas. “Los jueces penales condenarán a los miembros de las comunidades porque estarán ‘usurpando’ tierras que el Estado tituló a nombre de otro. Porque pese a que la Corte Interamericana ya ha dicho que la posesión indígena implica propiedad, los jueces van a recurrir a un Código Civil que sí habla de propiedad comunitaria indígena pero que la subordina a las reglas típicas del derecho de propiedad clásico”, lamentó la abogada del Odhpi.

El Odhpi recordó que la “falta de titulación” de los territorios indígenas es la gran génesis de la mayoría de las violaciones de derechos de las comunidades, y es el origen de los juicios que enfrentan las comunidades. A modo de ejemplo, en Neuquén existen 57 comunidades mapuche y sólo cinco tienen su territorio titulado en su totalidad. Ni una sola tiene el relevamiento territorial hecho (a pesar de que la Ley 26160, que insta a relevarlas, fue sancionada en 2006) y 16 comunidades tienen juicios relacionados con sus tierras. “¿Qué se soluciona con este texto propuesto de Código Civil para estas comunidades en lo concreto para cada uno de esos juicios? No sólo no hay procedimiento establecido en este proyecto para obtener ese título sino que se desconoce las actuales propiedades al negar la posesión indígena”, aclaró Gomiz.

En línea con el pedido de la mayoría de los pueblos indígenas del país, el Odhpi solicitó a los congresistas que retiren de la reforma los artículos referidos a los pueblos indígenas. “No propaguen el genocidio legalizando el despojo que han sufrido los pueblos indígenas. Si la voluntad es legislar sobre estos derechos, los mismos indígenas están dispuestos a participar en ese proceso y el Estado está obligado a garantizarlo”, reclamó el Odhpi.

Fuente:  http://otramerica.com

Félix Díaz: “Para el Estado argentino un indígena muerto es un problema menos”

FUENTE: El Ciudadano (Chile)

Al decir, las palabras de Félix Díaz vienen volando de lejos. No precisa de altavoces cuando vibra la comunidad Qom mediante su mensaje. Apresado, maltratada su familia, desheredado y sin camisa, Félix es la autoridad indígena más reconocida del territorio argentino. Se la ha llevado peleando junto a su pueblo toda la vida en el extremo norte de un país que, por un costado parece ejemplo de democracia representativa, y por otro, rezuma odio de clase, de origen, de brutalidad terrateniente y venganza del capital.

Félix Díaz no es histriónico, dice con voz segura y desde abajo, como si sus afirmaciones fueran árboles sin tiempo. Sólidos y brillantes al mediodía, a pesar de todos los dolores y las ramas carbonizadas.