domingo, 9 de octubre de 2011
viernes, 7 de octubre de 2011
Chile: La respuesta oficial fue la represión.
Por Christian Palma
Desde Santiago
El día se encendió temprano con el quiebre de la mesa de diálogo entre el gobierno y los estudiantes en la víspera y las numerosas barricadas que colorearon la mañana santiaguina en un indicio de lo que vendría más tarde en una nueva marcha, esta vez no autorizada, desde plaza Italia a La Alameda, la principal calle de la ciudad.
En el frente de la Universidad de Chile, a pasos de La Moneda, los estudiantes bloquearon el tránsito con una gran fogata que provocó la acción inmediata de Carabineros que estaban atentos para entrar en acción.
La negativa de la Intendencia Metropolitana para autorizar la marcha permitió que la policía uniformada tuviera carta abierta para reprimir cualquier acción que significase reunirse y movilizarse en masa por la avenida que conecta las universidades Católica, de Chile, el Instituto Nacional (colegio emblema de los secundarios) y el Palacio de Gobierno.
A esa hora, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera de los universitarios, Camila Vallejo, señalaba en su cuenta de Twitter que “el gobierno es el culpable por negarse a todo, pedimos permiso para marchar y no lo dan, pedimos educación gratuita y tampoco. Qué pretenden”. Más tarde, la dirigente agregó que “después de cinco meses movilizados seguimos con más de lo mismo y continúa la represión más brutal que nunca. Es muy irresponsable reprimir sin provocación alguna. El gobierno debe asumir”.
Señaló además que “no queremos más violencia en el país, el gobierno nos golpea con guanacos (carros hidrantes) y privatizando nuestra educación”. Su reclamo se sumó al llamado que hizo para que al final del día se retomaran “los cacerolazos”. “Hacemos un llamado a ‘cacerolear’ en todo Chile contra la intransigencia y represión del gobierno”, dijo. (Anoche los cacerolazos se hicieron sentir con fuerza en todo el país.)
Alrededor de las 11, Camila Vallejo, junto a un grupo de dirigentes y estudiantes que sostenían un lienzo que señalaba “Unidos Con + Fuerza”, fueron detenidos por un carro hidrante, dando fin a la marcha apenas comenzada.
Tras ello, las escaramuzas y enfrentamientos entre estudiantes y carabineros se registraron en diferentes puntos de Santiago y con un nivel de violencia y represión no vistos en las casi 40 marchas que se han desarrollado desde que comenzaron las movilizaciones hace 5 meses. Hubo saqueos y desmanes, hay que decirlo, pero no son atribuibles en exclusiva al movimiento estudiantil.
El aire se hizo irrespirable. Los vendedores ambulantes vendían limón para contrarrestar el efecto de los gases. Los ojos rojos de los transeúntes, la tos y los pañuelos aparecieron al tiempo que diversos jóvenes a rostro cubierto atacaron con palos, piedras y pintura a los vehículos policiales. Giorgio Jackson, el presidente de la Universidad Católica, se sumaba a las críticas que a esa hora se multiplicaban en las redes sociales: “¡Se llevan detenidos y reprimen a estudiantes que bailan en la vereda...esto es impresentable!”.
Al menos eso sucedió en La Alameda. Mientras un grupo de jóvenes bailaba y tocaba tambores, cerca de La Moneda, las fuerzas especiales de Carabineros los echó con agua y gases. El ánimo se enardeció. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, defendía el proyecto de ley denominado “antitomas” que busca sancionar a quienes tomen en forma violenta edificios, tanto públicos como privados, así como realicen saqueos y desórdenes públicos.
“Estamos seguros de que representamos a la gran mayoría de chilenos y chilenas. Aquellos que saqueen con fuerza y violencia un pequeños almacén, un establecimiento educacional, un hospital, una iglesia, están cometiendo un delito”, decía por TV.
A esa hora Luis Narváez, periodista de Chilevisión, era detenido junto a su camarógrafo cuando intentaban sacar imágenes de la actuación de Carabineros. El balance a media tarde de la Intendencia estimó en 132 los detenidos (principalmente menores de edad); 25 policías y 5 civiles lesionados, calificando además de “irresponsables” a los dirigentes que llamaron a la marcha.
En este escenario, planteado por los dirigentes que buscan un sistema de educación estatal gratuito, sin fines de lucro, de calidad y que generó cohesión social, el sociólogo y académico de la Universidad de Chile Manuel Antonio Garretón señaló a Página/12 que “la fuerza de las demandas fue tan grande que el gobierno presentó como respuestas distintos programas y proyectos que consideraron hasta un cambio de ministro, pero no entendieron la naturaleza central, que más que mejorar uno u otro aspecto, es cambiar el modelo educacional. El gobierno no ha entendido esto”, sostuvo.
Además, concluye sobre el problemático conflicto “ante eso, el gobierno ha realizado dos cosas: por un lado, un discurso muy duro, de descalificación del movimiento, intentando un desgaste que no se ha producido hasta ahora y, por otro lado, cambiando su oferta de acuerdo a la presión que ha tenido el movimiento. Ahora nos encontramos frente a un punto muerto cuando se tocó el tema de la gratuidad, donde el gobierno ha señalado que no dará un paso atrás”.
Por ahora los estudiantes están firmes en su postura, No se sentarán a la mesa de diálogo mientras el gobierno no dé señales claras de avance.
Desde Santiago
El día se encendió temprano con el quiebre de la mesa de diálogo entre el gobierno y los estudiantes en la víspera y las numerosas barricadas que colorearon la mañana santiaguina en un indicio de lo que vendría más tarde en una nueva marcha, esta vez no autorizada, desde plaza Italia a La Alameda, la principal calle de la ciudad.
En el frente de la Universidad de Chile, a pasos de La Moneda, los estudiantes bloquearon el tránsito con una gran fogata que provocó la acción inmediata de Carabineros que estaban atentos para entrar en acción.
La negativa de la Intendencia Metropolitana para autorizar la marcha permitió que la policía uniformada tuviera carta abierta para reprimir cualquier acción que significase reunirse y movilizarse en masa por la avenida que conecta las universidades Católica, de Chile, el Instituto Nacional (colegio emblema de los secundarios) y el Palacio de Gobierno.
A esa hora, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera de los universitarios, Camila Vallejo, señalaba en su cuenta de Twitter que “el gobierno es el culpable por negarse a todo, pedimos permiso para marchar y no lo dan, pedimos educación gratuita y tampoco. Qué pretenden”. Más tarde, la dirigente agregó que “después de cinco meses movilizados seguimos con más de lo mismo y continúa la represión más brutal que nunca. Es muy irresponsable reprimir sin provocación alguna. El gobierno debe asumir”.
Señaló además que “no queremos más violencia en el país, el gobierno nos golpea con guanacos (carros hidrantes) y privatizando nuestra educación”. Su reclamo se sumó al llamado que hizo para que al final del día se retomaran “los cacerolazos”. “Hacemos un llamado a ‘cacerolear’ en todo Chile contra la intransigencia y represión del gobierno”, dijo. (Anoche los cacerolazos se hicieron sentir con fuerza en todo el país.)
Alrededor de las 11, Camila Vallejo, junto a un grupo de dirigentes y estudiantes que sostenían un lienzo que señalaba “Unidos Con + Fuerza”, fueron detenidos por un carro hidrante, dando fin a la marcha apenas comenzada.
Tras ello, las escaramuzas y enfrentamientos entre estudiantes y carabineros se registraron en diferentes puntos de Santiago y con un nivel de violencia y represión no vistos en las casi 40 marchas que se han desarrollado desde que comenzaron las movilizaciones hace 5 meses. Hubo saqueos y desmanes, hay que decirlo, pero no son atribuibles en exclusiva al movimiento estudiantil.
El aire se hizo irrespirable. Los vendedores ambulantes vendían limón para contrarrestar el efecto de los gases. Los ojos rojos de los transeúntes, la tos y los pañuelos aparecieron al tiempo que diversos jóvenes a rostro cubierto atacaron con palos, piedras y pintura a los vehículos policiales. Giorgio Jackson, el presidente de la Universidad Católica, se sumaba a las críticas que a esa hora se multiplicaban en las redes sociales: “¡Se llevan detenidos y reprimen a estudiantes que bailan en la vereda...esto es impresentable!”.
Al menos eso sucedió en La Alameda. Mientras un grupo de jóvenes bailaba y tocaba tambores, cerca de La Moneda, las fuerzas especiales de Carabineros los echó con agua y gases. El ánimo se enardeció. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, defendía el proyecto de ley denominado “antitomas” que busca sancionar a quienes tomen en forma violenta edificios, tanto públicos como privados, así como realicen saqueos y desórdenes públicos.
“Estamos seguros de que representamos a la gran mayoría de chilenos y chilenas. Aquellos que saqueen con fuerza y violencia un pequeños almacén, un establecimiento educacional, un hospital, una iglesia, están cometiendo un delito”, decía por TV.
A esa hora Luis Narváez, periodista de Chilevisión, era detenido junto a su camarógrafo cuando intentaban sacar imágenes de la actuación de Carabineros. El balance a media tarde de la Intendencia estimó en 132 los detenidos (principalmente menores de edad); 25 policías y 5 civiles lesionados, calificando además de “irresponsables” a los dirigentes que llamaron a la marcha.
En este escenario, planteado por los dirigentes que buscan un sistema de educación estatal gratuito, sin fines de lucro, de calidad y que generó cohesión social, el sociólogo y académico de la Universidad de Chile Manuel Antonio Garretón señaló a Página/12 que “la fuerza de las demandas fue tan grande que el gobierno presentó como respuestas distintos programas y proyectos que consideraron hasta un cambio de ministro, pero no entendieron la naturaleza central, que más que mejorar uno u otro aspecto, es cambiar el modelo educacional. El gobierno no ha entendido esto”, sostuvo.
Además, concluye sobre el problemático conflicto “ante eso, el gobierno ha realizado dos cosas: por un lado, un discurso muy duro, de descalificación del movimiento, intentando un desgaste que no se ha producido hasta ahora y, por otro lado, cambiando su oferta de acuerdo a la presión que ha tenido el movimiento. Ahora nos encontramos frente a un punto muerto cuando se tocó el tema de la gratuidad, donde el gobierno ha señalado que no dará un paso atrás”.
Por ahora los estudiantes están firmes en su postura, No se sentarán a la mesa de diálogo mientras el gobierno no dé señales claras de avance.
jueves, 6 de octubre de 2011
Cristina persigue al sindicalismo de izquierda
Si la causa armada por Aníbal Fernández contra el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero fuese una operación que el Jefe de Gabinete de CFK hizo por su cuenta estaríamos, entonces, ante flor de conspiración del “duhaldista portador sano”, como se autodefinió Fernández, contra su propio gobierno. Tratándose, además, del candidato a primer senador del FPV, esa posibilidad es tan inverosímil como las “pruebas” presentadas por la “inteligencia” policial a la Justicia y que intentan culpar a Sobrero y a los ferroviarios de quemar vagones.
Más bien se demuestra que la prédica permanente de Cristina Kirchner contra el sindicalismo de base y la izquierda -que la presidenta volvió a repetir hace algunas semanas difamando a los delegados de subte-, es llevada de las palabras a los hechos por su propia tropa. Lo certifica que la operación haya sido difundida por el diario Tiempo Argentino, el vocero del núcleo duro de los K, y por los inefables periodistas de 678, los mismos que, apenas asesinado Mariano Ferreyra, divulgaron la teoría de “la conspiración duhaldista”. Otra prueba contundente es la denuncia de los periodistas de Télam sobre la orden de Abal Medina, una primera espada del cristinismo, de censurar en la agencia oficial la cobertura de la marcha por la liberación de Sobrero del pasado lunes. Con todo, la operación fue desbaratada, Sobrero liberado y el gobierno sufrió una importante derrota política. Sin embargo, el juez que trató de “infeliz” a la Policía Federal que nutrió la causa, mantiene imputados a Sobrero y al ex ferroviario Portorreal, y ahora propone pasarlos de la sartén al fuego pidiendo la intervención de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), un aparato montado para espiar a los luchadores sociales y opositores políticos que debería ser disuelto. Se necesita una comisión investigadora independiente con plenos poderes y encabezada por los ferroviarios que investigue hasta el final quién y cómo armó esta causa, que saque a luz las verdaderas relaciones entre el gobierno y la empresa concesionaria del Sarmiento, y termine de derrotar esta verdadera provocación con la que buscan desprestigiar y debilitar a las organizaciones de base como es el cuerpo de delegados del Sarmiento al que pertenece Sobrero.
La persecución por parte del gobierno y la Justicia contra el sindicalismo opositor a la burocracia debemos verla como un preparativo de la clase capitalista ante la crisis que viene. Cristina intenta mostrar que, a pesar de la crisis mundial, todo marcha bajo control y hasta se anima a proyectar un “plan estratégico industrial” para el 2020, prometiendo más empleo. En el anuncio, en una fábrica de motos en Venado Tuerto, estuvieron las representantes de “corporaciones” más importantes para Cristina, las de la patronales de la UIA: Miguel Acevedo de Acindar que acaba de anunciar un plan despidos y rebaja salarial de contratados en sus plantas; Federico Nicholson del monopolio agroindustrial Ledesma, patronal genocida del Apagón del ‘76 que volvió a aportar logística para asesinar a los que ocuparon tierras en Jujuy; Luis Betnaza de la poderosa Techint junto a los jefes industriales oficialistas como De Mendiguren, el empresario de la rama textil donde hoy ya campea la crisis como trascendió con las 1.300 suspensiones de Alpargatas. En tanto, el ultraoficialista Página/12 se ve obligado a consignar que “Del lado gremial, en cambio, apenas se registró el acompañamiento de dirigentes metalúrgicos (Antonio Caló y Naldo Brunelli) y del gremio de mecánicos (Mario Manrique y su sucesor a partir de diciembre, Ricardo Pignanelli), en un acto que tuvo claramente a ambos gremios ‘jugando de local’”. Es significativo que los dirigentes del SMATA hayan sido los voceros públicos del plan patronal de suspensiones de FIAT en Córdoba y que estos sean los “caballos del comisario” del oficialismo para reemplazar a Moyano en la CGT.
Los ataques persecutorios al sindicalismo de izquierda son originados por denuncias de las patronales contra acciones de los trabajadores y sus delegados de base ejerciendo el derecho a huelga, como sucedió en Kraft o en Fate, o directamente por el Estado y su Justicia, en el caso de los cortes de vías por los que pretenden condenar a los dirigentes ferroviarios de La Bordó y las agrupaciones opositoras del Roca por luchar contra la tercerización, o en el de los cortes de rutas para impedir el cierre de fábrica, como las causas que pesan sobre más de 50 militantes del Sindicato Ceramista de Neuquén y, otra vez, sobre la comisión interna de Kraft que cortó la Panamericana en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra. El encarcelamiento en Santa Cruz del delegado petrolero Oñate de Las Heras y el reciente intento de meter preso a Sobrero, son saltos en estos ataques. La burocracia sindical también es parte activa de la persecución a los nuevos delegados combativos. Ni hablar en la UF que ahora debería estar sospechada de fogonear la operación contra Sobrero justo cuando va a cumplirse un año del asesinato de Barracas. Pero también las patotas de la UTA contra el subte y los choferes de la 60, o las de la UOCRA como en Santa Cruz contra los docentes en huelga, y los ataques a los fueros sindicales de los delegados opositores, mediante expulsiones y sanciones como hizo la directiva del SMATA Córdoba contra Hernán Puddu de FIAT-IVECO, o los de la UOM de Campana junto a la patronal de Siderca-Techint contra el delegado clasista Guillermo Bentancourt, ambos por llevar adelante decisiones de asambleas de trabajadores contra los acuerdos de la burocracia con las patronales. Hay que recordar al propio Moyano acusando de “ultraizquierdistas” a Poke Hermosilla y los delegados de Terrabusi en plena lucha contra los despidos masivos de la patronal yanqui, días antes que Scioli enviara la Bonaerense contra los obreros y obreras en lucha. Por todo esto, no es casual que el comunicado de la CGT rechazando la detención de Sobrero fuese visto como un reacomodamiento oportunista ante la ofensiva judicial contra sectores de la propia burocracia y, fundamentalmente, ante el corrimiento del eje de la alianza de gobierno de Cristina donde la burocracia aparece en un rol más subordinado y se menean planes oficiales para la sucesión de Moyano. No obstante, el giro táctico cegetista habilitó a la exigencia al paro nacional por la liberación de Sobrero que correctamente hicimos desde el importante acto unitario en Plaza de Mayo que protagonizaron los ferroviarios, el sindicalismo de base y la izquierda. Pero, sobre todo, la operación montada contra Sobrero muestra lo que pueden esperar los luchadores anti burocráticos y clasistas en el próximo gobierno de Cristina, y reafirma la necesidad de impulsar unitariamente la propuesta que desde el PTS venimos planteando a todas las fuerzas integrantes del Frente de Izquierda: una corriente de independencia de clase en los sindicatos, como la que ya se está organizando con el periódico Nuestra Lucha, que siente las bases para un partido de la clase trabajadora capaz de cambiar la relación de fuerzas y vencer a los capitalistas.
Este 20 de octubre, a un año del asesinato de Mariano Ferreyra, marcharemos nuevamente para que vayan a la cárcel todos los responsables del crimen: desde la patota de la UF de Pedraza hasta los cómplices de la administración de la UGOFE entre los funcionarios gubernamentales y los empresarios, incluyendo a la Policía Federal que, manejada por Aníbal Fernández, liberó la zona. En Plaza de Mayo pondremos en pie una tribuna que, luego de haber conseguido la liberación de Sobrero, reclamará su desprocesamiento y el de más de 4000 luchadores procesados por ejercer su legítimo derecho a la protesta en todo el país. La columna del PTS se prepara para marchar junto al Frente de Izquierda convocando, en cada lugar de trabajo y estudio, a la participación activa, en primer lugar, a todos los que apoyaron con su voto al FIT contra la proscripción del régimen así como a las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y de derechos humanos, a movilizarse a Plaza de Mayo el 20 para defender a los luchadores obreros y de la izquierda que están siendo perseguidos por la justicia, las patronales y el gobierno.
Fuente: La Verdad Obrera Nº 447
Más bien se demuestra que la prédica permanente de Cristina Kirchner contra el sindicalismo de base y la izquierda -que la presidenta volvió a repetir hace algunas semanas difamando a los delegados de subte-, es llevada de las palabras a los hechos por su propia tropa. Lo certifica que la operación haya sido difundida por el diario Tiempo Argentino, el vocero del núcleo duro de los K, y por los inefables periodistas de 678, los mismos que, apenas asesinado Mariano Ferreyra, divulgaron la teoría de “la conspiración duhaldista”. Otra prueba contundente es la denuncia de los periodistas de Télam sobre la orden de Abal Medina, una primera espada del cristinismo, de censurar en la agencia oficial la cobertura de la marcha por la liberación de Sobrero del pasado lunes. Con todo, la operación fue desbaratada, Sobrero liberado y el gobierno sufrió una importante derrota política. Sin embargo, el juez que trató de “infeliz” a la Policía Federal que nutrió la causa, mantiene imputados a Sobrero y al ex ferroviario Portorreal, y ahora propone pasarlos de la sartén al fuego pidiendo la intervención de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), un aparato montado para espiar a los luchadores sociales y opositores políticos que debería ser disuelto. Se necesita una comisión investigadora independiente con plenos poderes y encabezada por los ferroviarios que investigue hasta el final quién y cómo armó esta causa, que saque a luz las verdaderas relaciones entre el gobierno y la empresa concesionaria del Sarmiento, y termine de derrotar esta verdadera provocación con la que buscan desprestigiar y debilitar a las organizaciones de base como es el cuerpo de delegados del Sarmiento al que pertenece Sobrero.
La persecución por parte del gobierno y la Justicia contra el sindicalismo opositor a la burocracia debemos verla como un preparativo de la clase capitalista ante la crisis que viene. Cristina intenta mostrar que, a pesar de la crisis mundial, todo marcha bajo control y hasta se anima a proyectar un “plan estratégico industrial” para el 2020, prometiendo más empleo. En el anuncio, en una fábrica de motos en Venado Tuerto, estuvieron las representantes de “corporaciones” más importantes para Cristina, las de la patronales de la UIA: Miguel Acevedo de Acindar que acaba de anunciar un plan despidos y rebaja salarial de contratados en sus plantas; Federico Nicholson del monopolio agroindustrial Ledesma, patronal genocida del Apagón del ‘76 que volvió a aportar logística para asesinar a los que ocuparon tierras en Jujuy; Luis Betnaza de la poderosa Techint junto a los jefes industriales oficialistas como De Mendiguren, el empresario de la rama textil donde hoy ya campea la crisis como trascendió con las 1.300 suspensiones de Alpargatas. En tanto, el ultraoficialista Página/12 se ve obligado a consignar que “Del lado gremial, en cambio, apenas se registró el acompañamiento de dirigentes metalúrgicos (Antonio Caló y Naldo Brunelli) y del gremio de mecánicos (Mario Manrique y su sucesor a partir de diciembre, Ricardo Pignanelli), en un acto que tuvo claramente a ambos gremios ‘jugando de local’”. Es significativo que los dirigentes del SMATA hayan sido los voceros públicos del plan patronal de suspensiones de FIAT en Córdoba y que estos sean los “caballos del comisario” del oficialismo para reemplazar a Moyano en la CGT.
Los ataques persecutorios al sindicalismo de izquierda son originados por denuncias de las patronales contra acciones de los trabajadores y sus delegados de base ejerciendo el derecho a huelga, como sucedió en Kraft o en Fate, o directamente por el Estado y su Justicia, en el caso de los cortes de vías por los que pretenden condenar a los dirigentes ferroviarios de La Bordó y las agrupaciones opositoras del Roca por luchar contra la tercerización, o en el de los cortes de rutas para impedir el cierre de fábrica, como las causas que pesan sobre más de 50 militantes del Sindicato Ceramista de Neuquén y, otra vez, sobre la comisión interna de Kraft que cortó la Panamericana en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra. El encarcelamiento en Santa Cruz del delegado petrolero Oñate de Las Heras y el reciente intento de meter preso a Sobrero, son saltos en estos ataques. La burocracia sindical también es parte activa de la persecución a los nuevos delegados combativos. Ni hablar en la UF que ahora debería estar sospechada de fogonear la operación contra Sobrero justo cuando va a cumplirse un año del asesinato de Barracas. Pero también las patotas de la UTA contra el subte y los choferes de la 60, o las de la UOCRA como en Santa Cruz contra los docentes en huelga, y los ataques a los fueros sindicales de los delegados opositores, mediante expulsiones y sanciones como hizo la directiva del SMATA Córdoba contra Hernán Puddu de FIAT-IVECO, o los de la UOM de Campana junto a la patronal de Siderca-Techint contra el delegado clasista Guillermo Bentancourt, ambos por llevar adelante decisiones de asambleas de trabajadores contra los acuerdos de la burocracia con las patronales. Hay que recordar al propio Moyano acusando de “ultraizquierdistas” a Poke Hermosilla y los delegados de Terrabusi en plena lucha contra los despidos masivos de la patronal yanqui, días antes que Scioli enviara la Bonaerense contra los obreros y obreras en lucha. Por todo esto, no es casual que el comunicado de la CGT rechazando la detención de Sobrero fuese visto como un reacomodamiento oportunista ante la ofensiva judicial contra sectores de la propia burocracia y, fundamentalmente, ante el corrimiento del eje de la alianza de gobierno de Cristina donde la burocracia aparece en un rol más subordinado y se menean planes oficiales para la sucesión de Moyano. No obstante, el giro táctico cegetista habilitó a la exigencia al paro nacional por la liberación de Sobrero que correctamente hicimos desde el importante acto unitario en Plaza de Mayo que protagonizaron los ferroviarios, el sindicalismo de base y la izquierda. Pero, sobre todo, la operación montada contra Sobrero muestra lo que pueden esperar los luchadores anti burocráticos y clasistas en el próximo gobierno de Cristina, y reafirma la necesidad de impulsar unitariamente la propuesta que desde el PTS venimos planteando a todas las fuerzas integrantes del Frente de Izquierda: una corriente de independencia de clase en los sindicatos, como la que ya se está organizando con el periódico Nuestra Lucha, que siente las bases para un partido de la clase trabajadora capaz de cambiar la relación de fuerzas y vencer a los capitalistas.
Este 20 de octubre, a un año del asesinato de Mariano Ferreyra, marcharemos nuevamente para que vayan a la cárcel todos los responsables del crimen: desde la patota de la UF de Pedraza hasta los cómplices de la administración de la UGOFE entre los funcionarios gubernamentales y los empresarios, incluyendo a la Policía Federal que, manejada por Aníbal Fernández, liberó la zona. En Plaza de Mayo pondremos en pie una tribuna que, luego de haber conseguido la liberación de Sobrero, reclamará su desprocesamiento y el de más de 4000 luchadores procesados por ejercer su legítimo derecho a la protesta en todo el país. La columna del PTS se prepara para marchar junto al Frente de Izquierda convocando, en cada lugar de trabajo y estudio, a la participación activa, en primer lugar, a todos los que apoyaron con su voto al FIT contra la proscripción del régimen así como a las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y de derechos humanos, a movilizarse a Plaza de Mayo el 20 para defender a los luchadores obreros y de la izquierda que están siendo perseguidos por la justicia, las patronales y el gobierno.
Fuente: La Verdad Obrera Nº 447
Marcha y represión en Chile.
El dia despues de que los representantes de los “pingüinos” o estudiantes secundarios anunciaron que se retiraban de la instancia de conversación, luego de que el gobierno rechazara la posibilidad de que la educación sea totalmente gratuita. Hubo una nueva marcha de los estudiantes y una nueva represion por parte de los carabineros.
Tras la ruptura de diálogo con el Gobierno y una truncada negociación de más de cinco horas con las autoridades de la Intendencia Metropolitana de Santiago de Chile, secundarios y universitarios realizaron la movilización prevista sin autorización gubernamental. Los carabineros volvieron a las calles con sus carros hidrantes para reprimir y controlar un supuesto desorden. La crisis educativa comenzó a inicios de mayo en reclamo por los altos costos de la educación, que cuenta con uno de los sistemas de mayor privatización del mundo.
El jefe de Seguridad Pública de la Intendencia, Gonzalo Díaz del Río, afirmó que el carácter irregular de la movilización es responsabilidad de los estudiantes. "Nosotros hemos demostrado la misma voluntad de diálogo, para compatibilizar el derecho a manifestarse de los estudiantes, con el derecho a transitar libremente y a vivir en paz, que también tienen el 1,2 millones de personas que cada día realizan sus actividades en el centro de Santiago", afirmó según difundió La Tercera.
Los estudiantes chilenos habían resuelto retirarse de la negociación abierta con el Gobierno de Sebastián Piñera. "Nosotros creemos que bajo estas condiciones es imposible darle continuidad a esta mesa de trabajo", explicó Camila Vallejo, una de las dirigentes más visibles del movimiento estudiantil, al final de una reunión de casi cuatro horas con el ministro de Educación, Felipe Bulnes. Es que en simultáneo al anuncio de una ronda de negociaciones, el Gobierno anunció que impulsará una reforma del Código Penal que condenará con cárcel la ocupación de establecimientos públicos y privados (colegios, universidades, etc.).
A mitad del encuentro con el ministro de Educación, dirigentes de dos agrupaciones de estudiantes secundarios se retiraron de la reunión, y más tarde se sumaron también los representantes del Colegio de Profesores.
Los estudiantes aspiran a la creación de un sistema público que garantice educación gratuita y de calidad para todos y plantearon en la mesa un aumento en el pago por las regalías mineras, un incremento general de impuestos y la disminución de los gastos de las Fuerzas Armadas para recaudar mayores recursos a la educación. El presupuesto actual de educación supera los 11 mil millones de dólares, el más grueso entre todas las partidas. Para el próximo año, está previsto un incremento de 7,6 por ciento, considerado "insuficiente" por los estudiantes.
Sólo el 40 por ciento de los escolares chilenos recibe educación en colegios públicos gratuitos, mientras que a nivel universitario no hay posibilidades de estudiar gratis. Para acceder a las universidades, los estudiantes deben solicitar créditos internos o en bancos privados. A nivel secundario, más de la mitad de la matrícula está en manos de colegios que reciben subvención estatal y el aporte de los padres.
Fuente: Pagina 12
Tras la ruptura de diálogo con el Gobierno y una truncada negociación de más de cinco horas con las autoridades de la Intendencia Metropolitana de Santiago de Chile, secundarios y universitarios realizaron la movilización prevista sin autorización gubernamental. Los carabineros volvieron a las calles con sus carros hidrantes para reprimir y controlar un supuesto desorden. La crisis educativa comenzó a inicios de mayo en reclamo por los altos costos de la educación, que cuenta con uno de los sistemas de mayor privatización del mundo.
El jefe de Seguridad Pública de la Intendencia, Gonzalo Díaz del Río, afirmó que el carácter irregular de la movilización es responsabilidad de los estudiantes. "Nosotros hemos demostrado la misma voluntad de diálogo, para compatibilizar el derecho a manifestarse de los estudiantes, con el derecho a transitar libremente y a vivir en paz, que también tienen el 1,2 millones de personas que cada día realizan sus actividades en el centro de Santiago", afirmó según difundió La Tercera.
Los estudiantes chilenos habían resuelto retirarse de la negociación abierta con el Gobierno de Sebastián Piñera. "Nosotros creemos que bajo estas condiciones es imposible darle continuidad a esta mesa de trabajo", explicó Camila Vallejo, una de las dirigentes más visibles del movimiento estudiantil, al final de una reunión de casi cuatro horas con el ministro de Educación, Felipe Bulnes. Es que en simultáneo al anuncio de una ronda de negociaciones, el Gobierno anunció que impulsará una reforma del Código Penal que condenará con cárcel la ocupación de establecimientos públicos y privados (colegios, universidades, etc.).
A mitad del encuentro con el ministro de Educación, dirigentes de dos agrupaciones de estudiantes secundarios se retiraron de la reunión, y más tarde se sumaron también los representantes del Colegio de Profesores.
Los estudiantes aspiran a la creación de un sistema público que garantice educación gratuita y de calidad para todos y plantearon en la mesa un aumento en el pago por las regalías mineras, un incremento general de impuestos y la disminución de los gastos de las Fuerzas Armadas para recaudar mayores recursos a la educación. El presupuesto actual de educación supera los 11 mil millones de dólares, el más grueso entre todas las partidas. Para el próximo año, está previsto un incremento de 7,6 por ciento, considerado "insuficiente" por los estudiantes.
Sólo el 40 por ciento de los escolares chilenos recibe educación en colegios públicos gratuitos, mientras que a nivel universitario no hay posibilidades de estudiar gratis. Para acceder a las universidades, los estudiantes deben solicitar créditos internos o en bancos privados. A nivel secundario, más de la mitad de la matrícula está en manos de colegios que reciben subvención estatal y el aporte de los padres.
Fuente: Pagina 12
miércoles, 5 de octubre de 2011
Homenaje a los religiosos desaparecidos y asesinados por la dictadura militar
En estos links están los nombres de los religiosos asesinados o desaparecidos por la dictadura militar, vale la pena recordarlos por su valentía y su deseo por lograr un mundo mejor, oponiendose a un régimen totalitario y asesino que, a pesar de actuar en complicidad con las altas jerarquías de la iglesia católica (como pasó con el nazismo, el franquismo y el fascismo italiano), no representaba sus convicciones religiosas:
http://www.desaparecidos.org/arg/iglesia/des.html
http://www.desaparecidos.org/arg/iglesia/muertos.html
A 30 AÑOS DEL GOLPE : INFORME DEL MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DERECHOS HUMANOS
En la dictadura hubo unos doscientos religiosos detenidos o asesinados
El relevamiento compila los casos de católicos y otras confesiones cristianas.
Son ampliamente conocidas las críticas que recibieron quienes ocupaban los principales cargos en la Iglesia católica en el país durante la última dictadura —salvo escasas excepciones— por no haber denunciado con vehemencia las violaciones a los derechos humanos.
No faltaron imputaciones de complicidad, sobre todo —aunque no exclusivamente— contra capellanes castrenses. Mucho menos conocida es la contracara de estos cuestionamientos: la cantidad de religiosos y dirigentes laicos que pagaron con sus vidas, la cárcel o el exilio su compromiso con los pobres y la oposición al régimen y sus "métodos" en aquellos sangrientos años.
Un relevamiento del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) —reconocido por sus acciones interreligiosas a favor de la dignidad humana— que puede consultarse en Internet (www.desaparecidos.org.ar/iglesia/exi.html) brinda -con nombre y apellido— precisiones elocuentes en ese sentido. Contabiliza dos obispos —Enrique Angelelli y Carlos Ponce de León—, diez sacerdotes, dos seminaristas y cinco dirigentes laicos asesinados; otros diez sacerdotes, cuatro religiosos y religiosas, siete seminaristas y cuarenta y cinco dirigentes laicos desaparecidos, además de cerca de cien detenidos, luego liberados, o que debieron exiliarse.
Entre el casi centenar de muertos y desaparecidos, se cuentan los tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos masacrados en la iglesia de San Patricio; las monjas francesas Alice Dumon y Léoni Duquet, y los sacerdotes Gabriel Longeville y Carlos de Dios Murias, acribillados en La Rioja.
Los casos de Angelelli y Ponce de León cuyas muertes la Justicia en su momento no esclareció debidamente —fueron presentadas como decesos, cuanto mucho, en confusos accidentes automovilísticos— están volviendo a ser investigados. El primero de ellos por impulso del Gobierno nacional y el Episcopado y el segundo del Ejecutivo bonaerense.
El trabajo del MEDH —que contó entre sus fundadores a religiosos cristianos legendarios por su defensa de los derechos humanos como monseñor Jorge Novak y el obispo metodista Fe derico Pagura, metodista— incluye a dirigentes de otras confesiones cristianas que padecieron la represión ilegal. Así, puede verse que la comunidad metodista fue —luego de la católica— la más afectada: sumó 17 desaparecidos, seguida de las consideradas globalmente como iglesias evangélicas. La Iglesia luterana, además, sufrió el asesinato de uno de sus miembros. A ellos deben sumarse los que padecieron secuestro, prisión o exilio.
En el informe de la CONADEP se afirma que "el terrorismo de Estado persiguió con significativo ensañamiento" a los religiosos comprometidos con los pobres y los derechos humanos. "Así fue como sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, catequistas, etc., y miembros de otras confesiones sufrieron el azote del secuestro, vejaciones, torturas y, en muchos casos, la muerte", dice. Fueron muchos, además, los religiosos amenazados. Entre los más conspicuos se contaron Eduardo Pironio y Jorge Mejía, luego cardenales, que —preventivamente— abandonaron el país y descollaron luego en El Vaticano.
Eso sí, los represores parecían no olvidar la condición religiosa de sus víctimas. En el informe de la CONADEP se mencionan varios testimonios de detenidos en la ESMA que consignan haber recibido felicitaciones navideñas de sus carceleros y hasta invitaciones para ir a misa. El padre Patrick Rice, relata que estando detenido en una comisaría de Villa Soldati le advirtieron que iba a ser entregado a miembros de las FF.AA., lo que le permitiría comprobar que "los romanos, cuando perseguían a los cristianos, no sabían nada en comparación con los militares argentinos".
Un enlace mas: Movimiento ecumenico por los derechos humanos (MEDH).
http://www.desaparecidos.org/arg/iglesia/des.html
http://www.desaparecidos.org/arg/iglesia/muertos.html
A 30 AÑOS DEL GOLPE : INFORME DEL MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DERECHOS HUMANOS
En la dictadura hubo unos doscientos religiosos detenidos o asesinados
El relevamiento compila los casos de católicos y otras confesiones cristianas.
Son ampliamente conocidas las críticas que recibieron quienes ocupaban los principales cargos en la Iglesia católica en el país durante la última dictadura —salvo escasas excepciones— por no haber denunciado con vehemencia las violaciones a los derechos humanos.
No faltaron imputaciones de complicidad, sobre todo —aunque no exclusivamente— contra capellanes castrenses. Mucho menos conocida es la contracara de estos cuestionamientos: la cantidad de religiosos y dirigentes laicos que pagaron con sus vidas, la cárcel o el exilio su compromiso con los pobres y la oposición al régimen y sus "métodos" en aquellos sangrientos años.
Un relevamiento del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) —reconocido por sus acciones interreligiosas a favor de la dignidad humana— que puede consultarse en Internet (www.desaparecidos.org.ar/iglesia/exi.html) brinda -con nombre y apellido— precisiones elocuentes en ese sentido. Contabiliza dos obispos —Enrique Angelelli y Carlos Ponce de León—, diez sacerdotes, dos seminaristas y cinco dirigentes laicos asesinados; otros diez sacerdotes, cuatro religiosos y religiosas, siete seminaristas y cuarenta y cinco dirigentes laicos desaparecidos, además de cerca de cien detenidos, luego liberados, o que debieron exiliarse.
Entre el casi centenar de muertos y desaparecidos, se cuentan los tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos masacrados en la iglesia de San Patricio; las monjas francesas Alice Dumon y Léoni Duquet, y los sacerdotes Gabriel Longeville y Carlos de Dios Murias, acribillados en La Rioja.
Los casos de Angelelli y Ponce de León cuyas muertes la Justicia en su momento no esclareció debidamente —fueron presentadas como decesos, cuanto mucho, en confusos accidentes automovilísticos— están volviendo a ser investigados. El primero de ellos por impulso del Gobierno nacional y el Episcopado y el segundo del Ejecutivo bonaerense.
El trabajo del MEDH —que contó entre sus fundadores a religiosos cristianos legendarios por su defensa de los derechos humanos como monseñor Jorge Novak y el obispo metodista Fe derico Pagura, metodista— incluye a dirigentes de otras confesiones cristianas que padecieron la represión ilegal. Así, puede verse que la comunidad metodista fue —luego de la católica— la más afectada: sumó 17 desaparecidos, seguida de las consideradas globalmente como iglesias evangélicas. La Iglesia luterana, además, sufrió el asesinato de uno de sus miembros. A ellos deben sumarse los que padecieron secuestro, prisión o exilio.
En el informe de la CONADEP se afirma que "el terrorismo de Estado persiguió con significativo ensañamiento" a los religiosos comprometidos con los pobres y los derechos humanos. "Así fue como sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, catequistas, etc., y miembros de otras confesiones sufrieron el azote del secuestro, vejaciones, torturas y, en muchos casos, la muerte", dice. Fueron muchos, además, los religiosos amenazados. Entre los más conspicuos se contaron Eduardo Pironio y Jorge Mejía, luego cardenales, que —preventivamente— abandonaron el país y descollaron luego en El Vaticano.
Eso sí, los represores parecían no olvidar la condición religiosa de sus víctimas. En el informe de la CONADEP se mencionan varios testimonios de detenidos en la ESMA que consignan haber recibido felicitaciones navideñas de sus carceleros y hasta invitaciones para ir a misa. El padre Patrick Rice, relata que estando detenido en una comisaría de Villa Soldati le advirtieron que iba a ser entregado a miembros de las FF.AA., lo que le permitiría comprobar que "los romanos, cuando perseguían a los cristianos, no sabían nada en comparación con los militares argentinos".
Un enlace mas: Movimiento ecumenico por los derechos humanos (MEDH).
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